[elementor-template id="5531"]

En la cuerda floja de la democracia brasileña

Por Ana Penido* y Hector Saint-Pierre** | Fotos: Roberto Lemos | Ilustraciones: Rebeca Borges Pinheiro 

Publicado originalmente em: Revista Ribeiras

Acesso: https://riberas.uner.edu.ar/en-la-cuerda-floja-de-la-democracia-brasilena/

 

La crisis social y económica, además de los efectos de la pandemia, arremete contra una Brasil bolsonarista militarizado, que con o sin impeachment, dificulta la posibilidad de la ocupación de las calles como salvataje. Descontrol político, desacreditación científica e inestabilidad institucional tienen al país en la cuerda floja. 

 

Antes de que la pandemia de COVID-19 asolara el mundo, Brasil ya experimentaba una profunda crisis económica, política y social. Otra pandemia que sacudió las instituciones de Occidente había llegado a estas playas: un profundo resentimiento hacia la democracia, los políticos, sus partidos y la política, en general, como forma de resolver los antiguos y permanentes problemas de la sociedad. Este malestar se profundiza con la máscara neoliberal y se agudiza por los monopolios de la comunicación en una cruzada híbrida, de la que la sociedad brasileña, de un día para otro, se cansó.

Aunque las políticas redistributivas de los gobiernos petistas hayan mejorado la vida de los más pobres, la falta de una política cultural específica los incluyó como consumidores. Sin una transformación cultural que diera a los ciudadanos/as noción de su capacidad transformadora, perdieron la consciencia de la clase a la que pertenecían sin asumir una nueva. Ese vacío fue llenado por los monopolios de comunicación con los valores de los sectores medios, una clase sin valores de clase. Como sentimiento general, primó la idea de que las promesas hechas por el sistema -una vida buena para todos, con salud, educación y seguridad- no fueron cumplidas, y que los cambios de consumo resultaban del esfuerzo e iniciativa individual y no del trabajo colectivo y de las políticas públicas. Así, contra lo que mostraban todos los índices económicos y sociales, prevaleció la idea de que Brasil había sufrido 13 años de atraso, corrupción y vergüenza internacional, productos de una izquierda en el poder.

Quitando las especificidades del caso brasileño y de los varios gobiernos petistas, ese sentimiento de malestar con la política y de desencanto con el sistema democrático no fue exclusivo de Brasil. Surge internacionalmente en la confluencia de una serie de tendencias políticas globales: 1) crisis económicas recurrentes que estremecieron al sistema financiero internacional y desaceleraron el crecimiento económico de los países, con el consecuente impacto en sus sociedades; 2) la confirmación y aceleración de la decadencia de la potencia que hasta entonces se juzgaba unipolar y omnipotente. Desde comienzos del nuevo siglo, pocos analistas dudaban del peligro que representaba la caída de la otrora magnífica águila que se imponía prepotente al mundo; 3) en los vacíos dejados por su declive, se fue se deslizando silenciosamente el milenario dragón chino, desde el área comercial hasta la alta tecnología e, incentivado por arrobamientos nacionalistas, el oso ruso también se movió para reclamar con fuerza su lugar como potencia regional en sus antiguas esferas de influencia; 4) las capas más profundas del sistema de fuerzas mundial se movieron, con alteraciones importantes en el aspecto estratégico-militar, especialmente en el Mar de la China y en Oriente Medio, con la retirada de Estados Unidos de diferentes escenarios de conflictos internacionales.

 

Largamente abandonada y entusiasmada por la confluencia ideológica de sus líderes, Sudamérica se aprovechó de la distracción del hegemón para invertir en el multilateralismo y en la cooperación regional, sustituyendo la ausencia de la OEA, distracción también aprovechada por China para acomodar sus piezas estratégicas en el continente. En la última década, Estados Unidos se volcó hacia sus intereses inmediatos y la recuperación del control estratégico de su esfera directa, presionando a Sudamérica contra las inversiones y asociaciones comerciales firmadas con China.

Clausewitzianamente la potencia apuntó su fuerza contra el centro de equilibrio de la fortaleza sudamericana: el multilateralismo. En el momento en que los líderes sudamericanos más trabajaban por la cooperación, inclusive en el área de la defensa, con el Consejo de Defensa Sudamericano, sus históricamente desobedientes fuerzas armadas se alineaban servilmente a los Estados Unidos, como deja claro Jim Stravidis, jefe del Comando Sur en su informe de 2009. Sediento por reforzar su poder y garantizar su dominio sobre los recursos materiales y políticos del continente, Estados Unidos demolió las instituciones multilaterales imponiendo la adopción de políticas neoliberales y reformas que desmantelaron los Estados nacionales, ampliando la criminal desigualdad social y su dependencia político-estratégica.

BOLSONARISMO Y LA MAQUINARIA INFECCIOSA

En este cuerpo enfermo se calentó el huevo de la serpiente. En varias partes del mundo, se reactivaron agrupaciones políticas de extrema derecha, antidemocráticas, xenófobas, racistas, negacionistas, anticientíficas y con connotaciones fascistas capitalizadas por líderes populistas histriónicos destacados por su incultura caricaturesca. Con un cuidadoso uso de los medios de comunicación de masas, especialmente en el ambiente virtual y con abuso de fake news y robots, plantan las semillas del odio y del miedo. Odio al “otro”, figura creada por la desinformación, que puede ser negro, indio, pobre, migrante, más genéricamente el “marxismo cultural”, la ideología de género y lo “políticamente correcto”. Miedo de ser incluido en alguna categoría de “otro”.

En el caso brasileño, en virtud de la transición política inconclusa de la dictadura militar, ese cuerpo enfermo ya albergaba un parásito anfitrión y las condiciones de cultivo. Las condiciones fueron prerrogativas cristalizadas constitucionalmente y la ley de amnistía que garantizó la autonomía de los militares. El parásito escogido fue el diputado por 28 años, Jair Messias Bolsonaro, con bases de apoyo político formadas por policías (parte de ellos involucradas con organizaciones criminales como las milicias) y militares huérfanos de la antigua línea dura de la dictadura militar. La crisis mundial, sumada a las posturas autoritarias de las élites políticas y económicas internas, enfáticamente manifestadas en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, creó el ambiente propicio para que la infección se generalizase.

Bolsonaro, un ex capitán del Ejército Brasileño, dado de baja de la corporación acusado de terrorismo, fue electo en 2018 contando con fuerte militancia de la base militar, lo que se constataría en la conformación de un gobierno con más militares, en servicio activo y en la reserva, que en la dictadura.

A sus tendencias autoritarias, claras en sus truculentos antecedentes como militar y parlamentario, se sumó la subordinación estratégica a los Estados Unidos y la adopción de políticas neoliberales extremas. Esas tendencias autoritarias son claras en su manifiesto desprecio por los homosexuales, indígenas y feministas, en el sistemático combate a los demás poderes del Estado: Legislativo y Judicial, en las amenazas constantes a la prensa hegemónica no alineada, incluso hasta a ‘celebridades’ que piensen diferente. Para mantener vivos tantos enfrentamientos simultáneos, el presidente cuenta con dos milicias personales. Una física, armada y militante, formada por miembros del partido del orden –fuerzas de seguridad en servicio activo y en la reserva– y civiles simpatizantes. La otra es una milicia virtual, formada por robots y que opera una gran máquina de fake news a través de diversas aplicaciones y redes sociales.

 UNIVERSIDADES E INESTABILIDAD SOCIAL EN LA MIRA

Para alguien que se sustenta en una máquina de mentiras y de odio, es perfectamente comprensible la elección del pensamiento científico y de las universidades como enemigos de primer orden. Inclusive ante una cruel pandemia y los datos, evidencias y pruebas empíricas que resultan de investigaciones de diversas áreas científicas, el presidente se burla de la ciencia, cuyos datos coloca en el mismo nivel que meras opiniones. Una de las consecuencias de esta corriente negacionista es una revisionista, buscando reescribir eventos históricos conforme los militares y su presidente desean, especialmente el régimen militar y el golpe que instauró la dictadura militar en 1964. Así, su milicia virtual puede sentirse a gusto para ofrecer respuestas fáciles y mágicas sobre la comprensión del mundo que atraen seguidores, las respuestas de un ‘salvador’. En un país de analfabetismo sistémico, este comportamiento encuentra suelo fértil en la ignorancia y la pereza de pensar.

A ese ataque ontológico a la ciencia se suma un ataque concreto a las universidades y a las estructuras de fomento de la investigación científica. El país ya ha tenido dos ministros de Educación durante un año y medio de gobierno, ambos vinculados a las bases más ideológicas y anticientíficas del bolsonarismo. Entre las medidas autoritarias adoptadas están que el presidente y no la comunidad académica, nombre rectores de las universidades e institutos federales de educación (ya existen 5 universidades en esa situación provisional); la desestructuración de Capes y de CNPQ (principales organismos públicos que regulan y financian las investigaciones en el país), el cambio de normas para la evaluación de cursos y de revistas científicas, etc. El segundo ministro cayó el 18 de junio, no sin antes revocar la legislación que garantizaba el ingreso de negros, indígenas y personas con discapacidad en posgrados. La situación actual está provocando una tensión institucional muy elevada, entre las arbitrariedades del gobierno y los intentos de limitarlas por parte de otros poderes, particularmente el Judicial, pero también recientemente el Senado Federal, que devolvió al gobierno una medida provisional que permitiría al gobierno nombrar a los rectores de 17 universidades.

Por lo tanto, Bolsonaro no es definitivamente un ‘líder carismático’ en el sentido weberiano, o un príncipe de Maquiavelo sin virtud, pero con fortuna. Es un viejo líder populista, con sus bases neofascistas asentadas en las milicias físicas y virtuales, que encarnó la política de poder de los militares. En virtud de esta caracterización, no es sin razón que las fuerzas políticas brasileñas están preocupadas con la posibilidad de un golpe de Estado. El presidente ya expresó ese deseo y su hijo ya trata la cuestión no en términos de sí, sino de cuándo.

 

En un cuadro general, Brasil se presenta como un equilibrista borracho en la cuerda floja de la democracia. Puede ser que los militares brasileños no sean estrictamente monolíticos en su pensamiento, pero la mayoría y el grupo hegemónico no solo lo apoya, sino que siente que el gobierno Bolsonaro guía y defiende su proyecto de poder.

El partido militar instrumentaliza ése apoyo prestando al gobierno el prestigio de las FF. AA. y una supuesta racionalidad al régimen. Existe una insatisfacción generalizada de los militares con la Corte Suprema (STF) con relación a la interpretación constitucional de la participación de los militares en la política. La oposición legislativa no pasa de 130 votos. Los dos principales representantes de la derecha política liberal están debilitados: el peso político de Sérgio Moro (ex ministro de Justicia) disminuyó luego de salir del gobierno y João Doria (gobernador de São Paulo) enfrenta un brote de COVID-19 en su estado. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, no asumirán una iniciativa de impeachment (juicio político) o limitación del poder de Bolsonaro sin una fuerte presión de las calles, y es difícil imaginar grandes movilizaciones organizadas por el peligro de contagio. El Ejecutivo está en conflicto abierto como el Poder Judicial y trata de cooptar sectores clientelares del Legislativo para evitar un proceso de impeachment.

El país ya sobrepasó los 50 mil muertos en la pandemia, un tercio de la población económicamente activa está desempleada y el escenario que se vislumbra es de aumento exponencial del número de muertos y del caos social por la vulnerabilidad de una sociedad desprotegida por el desmantelamiento neoliberal.

En resumen, como propuesta política neofascista, el gobierno Bolsonaro ataca dos frentes simultáneamente: el conocimiento científico y las instituciones republicanas. El primer ataque se despliega sobre la ciencia y sus unidades de producción que son las universidades públicas. Su objetivo es desacreditar el conocimiento científico como si fuera apenas una opinión entre otras, lo que permite imponer la ideología fascista de desconstrucción social y la política neoliberal de desmantelamiento del Estado. El segundo ataque se dirige a anular o paralizar las instituciones representativas de contrapeso de poderes, como el Legislativo y el Judicial, para poder gobernar autoritariamente sin ningún freno. La estrategia central de este ataque es la amenaza de una intervención militar directa en esos poderes, para anular su trabajo o paralizarlo por medio de la intimidación. No obstante, la comunidad académica con apoyo del Legislativo y principalmente del Poder Judicial, facilitado por la pandemia que exige respuestas científicas, están logrando anular el primer ataque. Algunos medios de comunicación y un contraataque del Poder Judicial con diferentes procesos están haciendo imposible la ejecución de un golpe de Estado tradicional. De hecho, Bolsonaro podría intentar un autogolpe para ganar espacio para una administración aún más autoritaria, recordando que este gobierno es un gobierno fuertemente militarizado. La pandemia dificulta la ocupación de las calles por una sociedad que ya no aguanta el descontrol político y la inestabilidad institucional que provocan Bolsonaro y su séquito. Fuera de este vector, se abre una nueva ventana de disputa política y jurídica por el impeachment de presidente y vicepresidente. Y así vá el Brasil y su angustiado pueblo, viendo el presidente, cada vez más borracho, caminando tambaleante sobre una cuerda democrática cada vez más floja.

 

 

 

*Ana Penido es Profesora del Programa San Tiago Dantas. Investigadora del Grupo de Estudios en Defensa y Seguridad Internacional (GEDES – UNESP) y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Becaria CAPES de posdoctorado en el Instituto de Políticas Públicas y Relações Internacionais (IPPRI – UNESP).

** Hector Saint-Pierre es Profesor del Programa San Tiago Dantas, líder del GEDES y Coordinador Ejecutivo del IPPRI. Investigador FAPESP (Proc. 2017/21557-4) e investigador del CNPq.

Da guerra à democratização

Laurindo Paulo Ribeiro Tchinhama: Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais ‘San Tiago Dantas’ (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). E-mail: laurindoprt@gmail.com

 

Uganda é um país africano localizado na região oriental da África fazendo fronteira com o Sudão do Sul, o Quênia, a Tanzânia, Ruanda e a República Democrática do Congo. O país tem um histórico marcado por conflitos civis e instabilidade política complexa desde a sua independência da Grã-Bretanha em 1962, caracterizada por golpes militares e ditaduras. Evidencia-se, no entanto, segundo Otunnu (2004, p. 11), que a crise do país “reflete a maneira como o Estado foi construído através da violência expansionista europeia, manipulação de diferenças preexistentes, políticas administrativas de divisão, domínio e políticas econômicas”.

Além da crise de legitimidade política, houve problemas relacionados a criação do nacionalismo ugandense causando divisões étnicas, religiosas, e administrativas – especialmente entre o Norte e Sul (OTUNNU, 2004). A fragmentação e divisão político-social do país abriu portas para as instabilidades, alianças e disputas políticas que ocasionaram a aliança dos partidos o Congresso do Povo de Uganda (UPC) de Milton Obote e do partido da monarquia de Buganda (Kabaka Yekka). Por conseguinte, Milton Obote se tornou o primeiro-ministro e Kababa Mutesa II, de Buganda, o presidente (OTUNNU, 2004).

O fracasso da aliança ocorreu em 1967 quando o primeiro-ministro deu um golpe de Estado contra o presidente com abolição do regime tribal e declarou Uganda como uma República. O rompimento da aliança deveu-se à luta por terras entre as etnias Bunyoro e Buganda, enquanto a declaração de estado de emergência foi causada pela percepção de conflito entre o Norte e o Sul no país (OTUNNU, 2004). A crise afetou a relação entre Milton Obote e o comandante do exército, Idi Amin, ocasionando um novo golpe de estado em 1971 executado por este último, que governou o país até 1979.

O governo de Idi Amin foi marcado por violência, mortes de membros da etnia Acholi e Langi, (membros centrais do exército) e de adversários políticos, além disso, Amin configurou o exército a sua maneira. O regime ditatorial de Amin evidenciou a cisma no país, o Sul assumiu os serviços públicos e de comércio, e o Norte os cargos no governo e exército (OTUNNU, 2004). Ademais, estima-se que houve 500,000 mortos e cerca de 1 milhão de deslocados internos, além de 200 mil exilados. O governo causou instabilidade no país resultando na queda do PIB em 25% e de 60% nas exportações, e provocou um aumento na inflação acima de 70%. Já a educação e saúde tiveram um impacto de 27% e 9% respectivamente (RUGUMAMU, GBLA, 2004).

Diante desse contexto, ocorreram sucessivos golpes militares no país. Amin sofreu golpe de militares Acholi e Langi, em 1979, exilados na Tanzânia, com auxílio deste país e do partido Frente de Salvação Nacional (FRONASA), liderado por Yoweri Museveni. Como resultado, Yusuf Lule assume o poder por pouco tempo e é derrubado por Godfrey Binaisa. Este é derrubado por Paulo Muwanga em 1980 que assume a presidência e escolhe Yoweri Museveni como seu vice. No entanto, na tentativa de democratizar o país, a nova administração realizou eleições em 1980 que culminou com a vitória e o retorno de Milton Obote ao poder (OTUNNU, 2004). O governo de Obote foi marcado por reivindicações da sua vitória, legitimidade, guerras declaradas pela maior parte dos partidos, assassinatos e o surgimento de grupos armados. Obote resistiu até 1985 quando sofreu o golpe dos soldados Langi e Acholi e Tito Okello assumiu o poder (OTUNNU, 2004).

Uma vez no poder, Okello inclui a maior parte dos partidos e grupos armados no seu governo. Por seu turno, o Exército de Resistência Nacional (NRA, sigla em inglês) ficou de fora do governo. Nesse sentido, buscaram a negociação de paz que ocorreu em 1985 com o Acordo de Nairóbi. Dentre os objetivos estavam o cessar-fogo entre o governo de Uganda e o NRA, a formação de um governo de coalização com partilha de poder e a nomeação de um representante no conselho militar (KIPLAGAT, 2004).

Todavia, ao assumir o poder após o acordo, o NRA conseguiu desmobilizar os soldados Acholi e vivia-se com clima de relativa tranquilidade, porém o acordo não foi implementado na prática (OTUNNU, 2004). O governo do NRA consolidou a divisão Norte-Sul e os conflitos se intensificaram e ficaram marcados pela elevada violação de Direitos Humanos, discriminação regional, sequestros, saques, dentre outras atrocidades cometidas (OMACH, 2009). Nesse contexto, Yoweri Museveni em 1986 com um golpe de Estado assume o governo alegando a pretensão de garantir a estabilidade e o respeito aos direitos humanos no país. Yoweri Museveni está no poder até o presente.

No poder, Yoweri Museveni realizou algumas mudanças. Durante a década de 1990 uma nova constituição foi instituída e os partidos políticos foram legalizados. Em 1998, os conflitos entre o governo e grupos armados persistiram no Norte e Oeste do país que ficou marcado pela morte de 80 estudantes numa escola. Estima-se um total de 800 pessoas mortas. Em 1999, civis e tribos locais foram atacados pelos grupos rebeldes Forças Democráticas Aliadas (ADF), Exército de Resistência do Senhor (LRA) e Hutus Ruandeses provocando pelo menos mil mortes. Ademais, os conflitos resultaram em 350,000 deslocados de guerras. Vale ressaltar que o conflito com a LRA é um dos mais longos. O grupo, liderado por Joseph Kony, ganhou protagonismo por sequestros de aproximadamente 60,000 crianças para servirem como soldados e escravas sexuais.

A incapacidade do governo em conter os conflitos civis ficou evidente. No ano 2000, o combate entre o governo e os grupos rebeldes ocasionou pelo menos 150 mortes, resultado de ataques contra os civis. No ano seguinte, os novos ataques foram realizados e centenas de pessoas foram mortas, porém pelo menos 5,000 rebeldes se renderam à investida do governo. Por seu turno, entre 2002 e 2000, o LRA realizou ataques contra os civis no Norte e Nordeste do país ocasionando a morte de mil e sequestrando centenas de pessoas.

Os combates se prolongaram em 2005 chegando a atingir o Sudão, em Darfur. Como reação, a comunidade internacional emitiu mandado de prisão aos líderes da LRA. As tentativas de negociações de paz ocorreram entre o governo e o LRA em 2004 e 2006, mas não obtiveram o resultado esperado. Apesar do fracasso, um dos resultados do governo foi reintegração alguns ex-combatentes do LRA às Forças de Defesa do Povo de Uganda (UPDF) e anistia a alguns líderes do grupo.

Entre 2006 e 2008 o fracasso das negociações de paz levaram a retomada dos conflitos. Em 2008, um ultimato foi proposto ao LRA devido à resistência do líder Joseph Kony em negociar por conta do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) ao mesmo. A sua resistência levou uma ação conjunta da Uganda, da República Democrática do Congo e do Sudão, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos Estados Unidos (EUA), obrigando o refúgio do grupo na República Centro Africana (RCA) onde realizaram ataques a civis com cerca de 500 mortes entre 2008 a 2009. Sobre a captura dos líderes do LRA, em 2015 Dominic Ongwen foi capturado e posto em julgamento desde 2017 enquanto Kony continua foragido.

Fica claro, dessa forma, que os conflitos na Uganda se tornaram regional ao tornar outros Estados vizinhos palco dos ataques do LRA. Assim, fica claro a notoriedade e o protagonismo do LRA dentre os vinte grupos mais influentes nesse país.  No entanto, a captura de Kony continua sendo o desafio do governo ugandês, porém, a exposição das suas fragilidades e o declínio do seu exército, bem como a prisão de alguns líderes do seu grupo deixam claro a sua fraqueza (NYEKO, LUCIMA, 2004).

 

Figura 1- Mapa das áreas mais afetadas pelos conflitos no Uganda sobretudo no Norte

Fonte: RELIEFWEB (2007). Disponível em: https://reliefweb.int/map/uganda/map-uganda-showing-conflict-affected-areas-august-2007. Acesso 18 de junho de 2020.

 

Os conflitos tiveram consequências de dimensão política, social, econômica e principalmente humanitária (OTUNNU, 2004). No âmbito social, gerou órfãos de guerra, destruição de cultura, cerca de 1,8 milhão de deslocados internos, sobretudo na região norte, principal local dos conflitos, e a desintegração do país. Esforços têm sido feitos na luta pelos direitos humanos e prevenção de conflitos com atividade de monitoramento e treinamento com apoio da USAID. As ajudas humanitárias chegaram às regiões mais afetadas com a melhoria da segurança a partir de 2006 (OCHA, 2007).

Um dos desafios a serem superados pelo país é concernente a Governança. Quando assumiu o poder, em 1985, Museveni prometeu estabilidade e transição política no país, porém sua postura mudou em 2005 ao estabelecer mudanças constitucionais no limite de mandatos presidenciais apesar de ter criado um sistema multipartidário (RUGUMAMU, GBLA, 2004). Até então é um dos presidentes do mundo com mais tempo no poder e com as eleições se aproximando em 2021 parece cogitar uma possível recandidatura ao negar aposentadoria. Assim sendo, a postura de Museveni representa a crise de governança e da democracia com um regime ditatorial com características democráticas que oprime, ameaça, abusa de poder militar (KAKA, 2016) e prende seus oponentes, como, por exemplo, o atual candidato da oposição Bobi Wine. Contudo, tal comportamento vem sendo visto desde as eleições de 2001, 2006, 2011 e 2016 (NYEKO, LUCIMA, 2004).

Ao analisarmos o histórico da Uganda podemos traçar algumas considerações. Torna-se evidente, portanto, que a solução dos conflitos não se limita ao estabelecimento da paz negativa, o fim do conflito violento por meio do cessar-fogo, mas passa também por processo de paz positiva com a integração social. Segundo, o processo de construção da paz e democratização em sociedade com características divididas demandam mais abertura ao diálogo por contas das rivalidades étnicas e do regionalismo que foi implantado desde o pós-independência no país. No que tange a segurança, há necessidade de atividade de DDR e Reforma do Setor de Segurança (RSS) no intuito de estabelecer um exército nacional de modo a evitar o retorno de novos conflitos, considerando que o grupo LRA ainda se encontra foragido. Vale ressaltar a relevância do setor por conta do histórico militar e debilidade dos regimes ditatorial e autoritário vivenciado pelo país e reproduzido por Museveni de forma inconstitucional (KAKA, 2016).

Por último, a debilidade político-institucional deixa claro a necessidade de reformas institucionais que garantam o funcionamento e atuação imparcial. No entanto, fica aberta a possibilidade de futuros estudos sobre governança, institucionalização e RSS no país de modo a garantir a estabilidade e segurança dos cidadãos. Porém, apesar da sua postura e do regime autoritário, considerando o histórico conflituoso do país, Museveni não sofreu golpe e tem tido uma atitude de negociador para a manutenção da paz na região.

 

 

FONTE IMAGÉTICA: Manifestação da oposição queimando a foto do presidente Yoweri Museveni durante a campanha eleitoral. Fonte: DW (2020). Disponível em: https://www.dw.com/en/uganda-blocks-a-million-first-time-voters/a-5257519. Acesso 17 de junho de 2020.

 

REFERÊNCIAS

KAKA, Julius. Uganda’s 2016 Elections: Another Setback for Democracy in Africa. Global Observatory: February 24, 2016. Disponível em: https://theglobalobservatory.org/2016/02/ugandas-2016-elections-another-setback-for-democracy-in-africa/. Acesso 18 de junho de 2020.

KIPLAGAT, Bethuel. Reaching the 1985 Nairobi Agreement. In: Accord: protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the violence in northern Uganda. Org. LUCIMA, Okello. Conciliation Resources: London, 2002.

OMACH, Paul. Democratization and Conflict Resolution in Uganda. Les Cahiers d’Afrique de l’Est / The East African Review. nº 41, p. 1-20, may, 2009.

OTUNNU, Ogenga. Causes and consequences of the war in Acholiland. In: Accord: protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the violence in northern Uganda. Org. LUCIMA, Okello. Conciliation Resources: London, 2002.

LUCIMA, Okello; NYEKO, Balam. Profiles of the parties of conflict. In: Accord: protracted conflict, elusive peace: initiatives to end the violence in northern Uganda. Org. LUCIMA, Okello. Conciliation Resources: London, 2002.

RUGUMAMU, Severine; GBLA, Osman. Studies in reconstruction and capacity building in post-conflict countries in Africa: Some Lessons Of Experience From Uganda. Harare, Zimbabwe, 2004. Disponível em: https://elibrary.acbfpact.org/acbf/collect/acbf/index/assoc/HASH0180/96b7bb1c/f63e60fd/31a4.dir/Thematic94.pdf. Acesso 17 de junho de 2020.

Uganda blocks a million first-time voters. DW. Fev. 2020. Disponível em: https://www.dw.com/en/uganda-blocks-a-million-first-time-voters/a-5257519. Acesso 17 de junho de 2020.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. OCHA’S MISSION. África. Disponível em: https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHAin2007_0.pdf. Acesso 18 de junio de 2020.