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Dossiê ERIS: 60 Anos do Golpe Militar no Brasil

Nesta edição do Dossiê ERIS, intitulado “60 Anos do Golpe Militar no Brasil: Novas Perspectivas, Antigos Desafios” a participação de doutorandos, pós-doutorandos e docentes contribuiu para a compilação de textos publicados em nosso sítio eletrônico em 2024. Contando também com dicas de leitura, o dossiê se debruça sobre o período da ditadura militar e seus reflexos na  com o objetivo de fornecer ainda mais subsídio às/aos leitoras/es interessadas/os na temática.

Conteúdos:

  • 1964-2024: Da Reiteração à Superação do Atraso | Eduardo Mei, Héctor Luis Saint-Pierre e Samuel Alves Soares
  • Não Existe Democracia Sem Memória e Verdade | Nilmário Miranda
  • 1964 – O Ano que não Pode Ser Repetido | Frei Betto
  • Carlos Marighella: A Resistência Armada contra a Ditadura Militar Brasileira| Bárbara Campos Diniz
  • As Universidades e a Repressão da Ditadura Civil-Militar (1964-1985): A Cassação de 45 Docentes pela UFRJ | Lucas Barroso Rego
  • Anistia Migratória de 1981: Instrumento de Controle ou Ameaça à Segurança Nacional na Ditadura Militar?  | Guilherme Borges da Silva
  • Os 60 anos do golpe civil-militar no Brasil: ecos da grande imprensa | Camila Macedo Ruiz, Damaris de Jesus Santos, Danilo de Castro Papetti, Flora Peterle de Andrade e Iaritsa Jade Lima Freitas
  • “Pela memória do coronel Ustra”: A exaltação da ditadura militar por Jair Bolsonaro  | Guilherme Theodoro Gusson
  • Fronteiras que nos herman, limites que nos separam: O Rio Grande do Sul enquanto um espaço crítico à segurança nacional | Darlise Gonçalves de Gonçalves
  • Entrevista com Maria Cecília de Oliveira Adão | Ana Penido
  • Resenha A Casa da Vovó: Uma Biografia do Centro de Tortura da Ditadura de Marcelo Godoy | Bárbara Campos Diniz
  • Resenha Batismo de Sangue de Frei Betto | Bárbara Campos Diniz
  • Resenha Guerrilheiras: Memórias da Ditadura e Militância Feminina de Juliana Marques do Nascimento | Bárbara Campos Diniz
  • Indicações de Literatura e Audiovisual | Equipe ERIS

Em tempo, ressaltamos que todos os artigos publicados no ERIS expressam unicamente a opinião de seus autores. Eles não representam, necessariamente, a opinião dos editores ou da equipe do ERIS, do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES), ou das instituições associadas ao GEDES.

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La desnacionalización estratégica: las nuevas amenazas para la integridad y el rol de las Fuerzas Armadas

Nilda Garré*

Publicado originalmente em El Cohete a la Luna

Dada la situación del sistema internacional con el debilitamiento relativo de Estados Unidos, el crecimiento de China, la aparición de nuevos polos de poder y de importantes actores globales, los riesgos de belicismo aparecen como posibles. Desde el interés nacional es evidente la importancia de adoptar una neutralidad activa que permita afrontar las presiones que se producirán.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, en un momento histórico favorable desde el punto de vista de la homogeneidad ideológica de los gobiernos  sudamericanos, un sector importante de ellos siguió el camino de la cooperación estratégica.

Así se creó en el seno de UNASUR el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) donde se conformó  un ámbito que buscaba la unidad doctrinaria de las FFAA de esos países y los necesarios cambios en la formación y educación de las mismas para erradicar los principios de la seguridad nacional en los que se habían formado por imposición del hegemón que durante la Guerra Fría impulsó el comunismo como enemigo a combatir y, una vez desmembrada la URSS, lo reemplazó por el terrorismo islámico en sus diversos matices , al que agregó paulatinamente otros enemigos como los migrantes, los pobres, los pueblos originarios , a los que categorizó como Nuevas Amenazas.

Desde la doctrina que el Presidente James Monroe expuso en 1823 y que se resumió como “América para los americanos” (en realidad para los norteamericanos), nuestra región fue presionada, agredida y hasta invadida en numerosas ocasiones y en varios países por Estados Unidos. También interferida en sus  intentos de unidad  o cooperación.

Recientemente creció el interés por los recursos estratégicos y por la importancia geopolítica que tiene Sudamérica.  Una circunstancia remarcable es la  reinstalación de la IV Flota  en los mares del continente.

Nuestro país ha sido visitado en forma reiterada últimamente por la jefa del Comando Sur, Generala Laura Richardson, y también por el Director de la CIA, presencias motivadas por el interés en nuestros recursos estratégicos, como el litio, el petróleo, el cobre y la abundancia de agua dulce.

Además de las riquezas naturales, en el caso de la Argentina, es de especial interés su privilegiada ubicación en el Atlántico Sur como país más próximo a la Antártida, al Estrecho que une los océanos Atlántico y Pacifico y la cercanía con las Islas Malvinas, Orcadas y Sándwich, usurpadas por Gran Bretaña, país que es socio estratégico de Estados Unidos en la OTAN .

En el contexto global difícil que estamos atravesando es fundamental analizar las decisiones y actitudes que adopta Milei y que comprometen gravemente la situación de nuestro país.

Asistimos a una guerra convencional en territorio europeo —Ucrania, con apoyo de la OTAN, contra Rusia—  y vemos con mucha inquietud el conflicto de Israel contra el pueblo palestino sometido a un genocidio , al que se ha incorporado Irán y que amenaza con extenderse a la región .

En este marco sensible y delicado, Milei declara su alineamiento incondicional con Ucrania y con Israel que implica obviamente su pertenencia a la órbita gravitacional de Estados Unidos, subordinando a  nuestros intereses nacionales.

En el proyecto de la llamada “ley Ómnibus” cuyo tratamiento fue afortunadamente frustrado en la Cámara de Diputados, hay referencias concretas a la Defensa que permiten inferir el pensamiento y los objetivos libertarios en la materia.

Las materias Defensa y Seguridad están regidas en el país por sendas leyes que se aprobaron recuperada la democracia en 1988 y 1992 respectivamente, por un consenso político-social que no solo fue muy amplio sino que además se ha mantenido en el tiempo.

Milei pretende quebrar ese consenso básico autorizando el empleo de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que seguramente se extenderán después a las Nuevas Amenazas que Estados Unidos paulatinamente agregó porque son sus problemas actuales: migraciones, pueblos originarios, pobres, etc.

El eventual involucramiento de los militares en tareas policiales que podría convertirlos en lo que Juan G. Tokatlian denomina crime fighters,  no requiere de un aumento del presupuesto, por lo que resultaría compatible con lo que sostienen “aquellos que la ven” y que afirman que “no hay plata” .  Además no sería necesaria la incorporación de material pesado a las FFAA, así como tampoco sería relevante la inversión en ciencia, tecnología y producción para la defensa que Milei pretende detener.

Si bien son varios los países que usan a sus Fuerzas para combatir estos delitos (México y Colombia los más destacados), ninguno ha tenido éxito en el objetivo.

Más aún, dañaron seriamente a sus Fuerzas, las discapacitaron para lo que son sus funciones específicas y las contaminaron con la corrupción que facilitan esos ámbitos por la enorme cantidad de dinero que manejan. Debemos agregar como consecuencias las gravísimas violaciones a los DDHH  que cometieron las Fuerzas.

Esta iniciativa es más que negativa. Los soldados están capacitados para la guerra, para aniquilar al enemigo que amenaza la integridad nacional: territorial, aérea, fluvial y marítima, su población, sus recursos, sus objetivos estratégicos. Las armas que fueron entrenados para manejar son cada vez más sofisticadas, letales y altamente complejas. Nada de esto es útil en la lucha contra el delito que requiere prevención, disuasión y en última instancia represión.

Las capacitaciones que reciben la Fuerzas Armadas y las Policiales son distintas, las armas que usan también y por sobre todo son diferentes los objetivos que deben perseguir.

No es admisible convertir nuestras FFAA en Guardias Nacionales, incapaces de afrontar sus responsabilidades primarias en caso de ser necesario

La ley 24.059 de Seguridad Interior prevé en que situaciones las policías podrán recibir aportes de los militares por sus tareas que serán siempre logísticos pero sin participación operativa.

Si el Congreso cediera a las pretensiones de Milei, estaría contribuyendo a concretar una solicitud siempre presente en las demandas e intereses de Washington .

*Nilda Garré: Diputada Nacional. Ex ministra de Seguridad y de Defensa.

Imagem: El Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Por: Wikipedia Creative Commons.

O setor de Defesa no novo PAC brasileiro

Marianna Braghini Deus Deu*

 

Em 11 de agosto de 2023 o governo federal brasileiro anunciou um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujas versões anteriores foram um marco dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) nos anos 2000. O PAC foi originalmente concebido com a proposta de induzir crescimento econômico a partir de diferentes frentes, em especial na área de infraestrutura e facilitação de crédito, seus objetivos sempre estiveram voltados  para a criação de empregos e os projetos financiados, em conjunto, visavam a melhoria da qualidade de vida da população. Esses aspectos foram mais uma vez destacados no anúncio do novo PAC. Nessa versão do programa, uma mudança significativa foi a inclusão do setor de Defesa como destinatário de uma parte considerável dos recursos disponíveis. No entanto, essa decisão não está isenta de controvérsias devido à incerteza em relação à sua contribuição efetiva para os objetivos do programa.

Dentre os nove eixos anunciados, o setor de Defesa ocupa a quarta maior parcela desse orçamento. Foram alocados cerca de R$53 bilhões para “modernizar e equipar as forças armadas”, um montante que ultrapassa o destinado à Saúde (R$30,5 bilhões) e à Educação (R$45 bilhões). Esse fato tem gerado preocupações entre analistas da área, como enfatizado na nota assinada pela Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED).

Pela primeira vez o PAC tem uma de suas frentes voltada à Defesa, atendendo especialmente às Forças Armadas e à indústria de defesa nacional. Algo que pode explicar essa presença em um programa com as propostas do PAC, é a ideia de que tal emprego trará retornos em termos de crescimento econômico. A lógica do investimento na indústria de defesa como gerador de desenvolvimento nacional não é uma novidade. Historicamente, a proposta é referenciada como keynesianismo bélico, o qual perpassa necessariamente a formação de um complexo militar industrial, e que pressupõe uma dinâmica em que o gasto militar gera ganhos para a economia de maneira mais ampla.

Exemplos comuns de benefícios esperados são acordos de transferência tecnológica, construção de infraestrutura industrial de ponta, envolvimento de empresas e institutos de ciência e tecnologia (ICTs), geração de mão de obra qualificada, dinamização da cadeia produtiva nacional e fortalecimento da capacidade produtiva nacional. Tais ganhos são pilares da justificativa para os investimentos em defesa, sem deixar de mencionar a superação de dependência tecnológica-econômica e a consequente capacidade de exercício da soberania, ao passo em que se corrigem defasagens críticas do aparato bélico frente ao atual cenário de defesa.

Essa decisão do governo Lula não pode ser recebida com grande surpresa. Não se deve deixar de mencionar o que foram os governos do PT para a indústria de defesa brasileira. O período de 2003 a 2016 contou com importantes esforços de modernização. Grandes projetos estratégicos das Forças Armadas concebidos em meados da década de 1990, saíram do papel sob o governo Lula, como o Projeto Gripen da Força Aérea, o projeto dos blindados Guarani do Exército e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) da Marinha. Mas não foram apenas esses projetos que demarcaram as iniciativas de modernização da indústria de defesa brasileira.

Marcos institucionais como a renovação da proposta da Política Nacional de Defesa (PND), que estabelece os principais objetivos e marcos conceituais para o planejamento da defesa nacional, a articulação do Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa (PAED), com a ideia de otimizar a coordenação de esforços de modernização das Forças e de fortalecimento dessa base industrial, a Lei de fomento à Base Industrial de Defesa (Lei nº 12.598/2012) que instituiu regimes especiais de tributação e incentivos fiscais, a Política Nacional da Indústria de Defesa (PNID) e em especial a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa (END), classificada pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) como “um dos momentos mais importantes” da indústria de defesa nacional, concedendo uma “nova perspectiva ao setor e definindo as políticas e orçamentos de médio e longo prazos, consolidando, assim, uma política nacional de valorização da indústria de defesa e que vislumbra, em última instância, a soberania nacional”.

Em boa medida, isso significa dizer que, colocadas as demandas militares, imperativas e urgentes pois são de matéria de segurança nacional, na formulação de políticas econômicas e tecnológicas, os principais entraves para que o Brasil tenha forças de segurança de ponta, atuais e responsivas a ameaças contemporâneas e futuras, sejam superados. Sob essa perspectiva, esse processo ocorre, inevitavelmente, de maneira a induzir desenvolvimento econômico para o país, traduzindo-se em uma situação generalizada de ganha-ganha.

Essa dinâmica não se impõe automaticamente nem mesmo em países desenvolvidos, cujos sistemas nacionais de inovação foram construídos sob demanda militar durante a Guerra Fria, vide o exemplo da tentativa de keynesianismo bélico durante o governo Reagan nos EUA, que não resultou no mesmo sucesso econômico de décadas anteriores. Isso porque há outros elementos macroeconômicos para além do mero gasto militar que determinam os resultados (FORDHAM, 2007). Assim, embora a formação do complexo militar industrial tenha sido uma experiência de sucesso no imediato pós-Segunda Guerra, sua dinâmica encontra limitações históricas e regionais, que não são adereçadas na proposição do complexo brasileiro pautada pelo setor político.

Para que um complexo militar tenha sucesso em gerar ganhos para a economia civil, é preciso que se estabeleçam mecanismos institucionais e políticas públicas ativas que garantam o aproveitamento das externalidades que tal complexo pode gerar. A estratégia de endogeneização tecnológica por meio da indústria de defesa demanda uma abordagem proativa do governo, por meio de políticas industriais que estabeleçam diretrizes, instituições e mecanismos para promover o avanço desse setor (AMBROS, 2022).

Espelhar padrões produtivos não garante que entraves para economias dependentes sejam suplantados, em especial quando se trata do setor de defesa, uma indústria intensiva em capital cujo impacto para a macroeconomia nacional não tem capacidade de transformar, por si só, características estruturais do subdesenvolvimento. Pode, ainda, reverberar em efeitos contrários ao que pretende um programa econômico voltado para a melhoria das condições de vida e redução de distorções socioeconômicas. A mimetização de padrões produtivos e de consumo estrangeiros implica na capacidade econômica para sustentá-los, a depender de capacidades produtivas ociosas e recursos disponíveis. Assim, quando os esforços produtivos não estão alinhados às reais demandas sociais e ao atendimento às necessidades básicas da população, resulta disso um desequilíbrio entre a priorização do governo e os interesses sociais (FURTADO, 2008, 2013).

O que não significa dizer das possibilidades de desenvolvimento tecnológico autônomo via indústria de defesa, tendo em vista que esta opera sempre nas fronteiras do conhecimento tecnocientífico, e demandas militares foram preponderantes na geração das principais tecnologias utilizadas atualmente no cotidiano civil. Menos ainda significa dizer que um país não deve buscar superar sua condição periférica.

Devido à relação crítica entre o desenvolvimento tecnológico e condições de dependência, dir-se-ia que o Estado tem a autoridade e o dever de impulsionar a indústria tecnológica. Muitas tecnologias digitais têm aplicações tanto civis quanto militares. Assim, a prevalência dessas chamadas tecnologias duais enfatiza sua importância, pois a capacidade de as produzir afeta a economia e a segurança nacional de um país.

Uma vez que o acesso a diversas dessas tecnologias é restrito por seus detentores (os países desenvolvidos), fica mais explícito o papel fundamental do Estado no investimento em pesquisa, no incentivo a inovação e na busca por parcerias para reduzir a dependência tecnológica, garantindo o desenvolvimento econômico e a soberania nacional (AMBROS, 2022).

Não se trata de questionar esses pontos. O objetivo aqui é salientar que a redução de dependência tecnológica, em especial movida por demandas militares, implica em um debate mais amplo sobre um projeto sociopolítico. Ademais, em um cenário em que expectativas de mercado constrangem o investimento público, o conflito distributivo orçamentário deve ser foco de atenção do governo federal. O Ministério da Defesa é uma das principais fatias do orçamento da União, mas cerca de 80% do montante é voltado ao pagamento de encargos sociais (salários, pensões, etc) – segundo dados do SIGA Brasil. É passível de questionamento a razão pela qual investimentos em modernização devem advir de um programa como o PAC – cujos objetivos não dizem respeito ao setor militar.

A questão central aqui abordada é se esses investimentos no setor de Defesa realmente contribuirão para alcançar os objetivos do PAC, que geralmente envolvem o crescimento econômico, a redução da desigualdade, a melhoria da infraestrutura básica, a educação e a saúde pública. A utilidade desses gastos em termos de retorno econômico e social pode ser questionada, especialmente se não houver uma justificativa nítida de como os investimentos no setor de Defesa se alinham com os objetivos gerais do programa e uma proposta ativa de como serão atingidos esses fins. Caso contrário, as externalidades do complexo militar não são apenas indiretas, como também apenas potenciais, repousando mais em pressupostos do que em mecanismos institucionais e sistemas de aprendizado na estrutura industrial.

Tais investimentos já se manifestam no aumento do orçamento destinado ao Ministério da Defesa, mas não de maneira significativa. O Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024 enviado ao Congresso pela presidência, prevê um aumento ao ministério de aproximadamente R$5 bilhões em comparação com o PLOA do ano anterior, passando de R$121bi para R$126bi. No que se refere aos projetos contemplados pelo PAC, o aumento foi de apenas R$368 milhões.

Tabela 1: Projetos das Forças Armadas contemplados pelo novo PAC

Na proposta para 2024, as despesas com todos os investimentos são de R$8 bilhões, contra os R$7 bi proposto no PLOA de 2023, enquanto os gastos com pessoal e encargos sociais passariam de R$94 bilhões para R$98 bilhões em 2024. O projeto ainda será votado pelo Congresso e os valores podem passar por alterações.

Iniciativas vistas durante os governos do PT e essa nova leva de investimentos via PAC, que correlaciona diretamente demandas militares como eixo central de difusão tecnológica, são determinantes para que as Forças Armadas brasileiras e a indústria de defesa do país possam integrar seus próprios objetivos e interesses em diretrizes políticas nacionais mais gerais, voltadas a iniciativas de ordem econômica.

Equilibrar agendas de segurança com os interesses sociais é um desafio para qualquer governo democrático. A própria nota assinada pela ABED aponta que o governo de transição não criou um grupo de trabalho para lidar com as questões de Defesa. Questões de segurança nacional não são de acesso público, essa falta de transparência pode vulnerabilizar direitos cívicos e sociais, o que torna a questão de interesse público. A demanda por novos equipamentos e tecnologias não se justifica em si mesma; isto é, finalidades e diretrizes para seu uso devem ser pautados, em especial se tais demandas estão sendo colocadas em agendas econômicas que pretendem a prosperidade de uma nação.

 

* Marianna Braghini Deus Deu é mestra em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp e doutoranda em Relações Internacionais pelo PPG San Tiago Dantas (Unicamp/Unesp/PUC-SP). Pesquisadora integrante do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa (PAET&D).

Imagem: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do novo Programa de Aceleração Econômica em agosto de 2023. Por: Tomaz Silva/Agência Brasil.

Referências:

ABIMDE. ABIMDE comemora 34 anos de história. Disponível em: <https://abimde.org.br/pt-br/noticias/abimde-comemora-34-anos-de-historia>. Acesso em: 15 ago. 2023.

Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS); Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Nota conjunta sobre o Novo PAC (2023). Disponível em: <https://www.abedef.org/informativo/view?ID_INFORMATIVO=215> . Acesso em: 15 ago. 2023.

AMBROS, C. C. (2022). Indústria de Defesa e Desenvolvimento: controvérsias teóricas e implicações em política industrial. Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, 6(11). https://doi.org/10.22456/2238-6912.74955

BRASIL. Poder Executivo. Projeto de Lei Orçamentária 2024. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9445685&ts=1693936714647&disposition=inline>. Acesso em 12 set. 2023.

FORDHAM, B. Paying for global power: costs and Benefits of Postwar U.S. Military Spending. In: The Long War. BACEVICH, A (org.). Columbia University Press: Nova York, 2007.

FURTADO, C. O mito do desenvolvimento econômico. Companhia Penguin. Celso Furtado. Essencial. Organização Rosa Freire d’Aguiar. 1a. Ed. São Paulo: Penguin Classics Cia das Letras, 2013.

FURTADO, C. Da ideologia do progresso ao desenvolvimento. In: Criatividade e dependência da civilização industrial. São Paulo: Cia das Letras, 2008, pp.99-110.

MINISTÉRIO DA CASA CIVIL. Portal do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/novopac/>. Acesso em: 12 set. 2023.

Contos de Farda

           Matheus de O. Pereira*

À medida que as apurações sobre o 08 de janeiro avançam fica cada vez mais claro que as Forças Armadas tiveram uma atuação negligente – para dizer o mínimo – no episódio. A gravidade dos eventos tem servido para finalmente colocar em evidência a relação entre as Forças Armadas e a política, um dos mais adiados, e necessários, debates sobre a democracia brasileira. Longe de qualquer pretensão de exaurir o assunto, gostaria de chamar a atenção neste texto para a necessidade urgente de desconstrução do que chamarei aqui de mitologia da excepcionalidade, que envolve as narrativas e percepções sobre a Forças Armadas desde a sua gênese.

Esta mitologia corresponde, de modo sucinto, à caracterização das Forças Armadas como uma organização excepcional, uma ilha de modernidade em meio ao mar de atraso e primitivismo da sociedade brasileira. Formadas a partir da mimetização de elementos importados, as Forças Armadas seriam a representação de uma forma superior de organização e os valores típicos da caserna – hierarquia, disciplina, ordem – funcionam como contraponto ao que seriam características “inatas” dos povos locais, sobretudo os indígenas e os pretos: a lasciva, preguiça, falta de disciplina etc.

Embora seja uma caricatura sem qualquer fundamento, esta caracterização permite formar imagens poderosas que forjam uma identidade que é tanto autorreferida pelos militares como reproduzidas por atores externos. Uma declaração do Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa, dada em recente entrevista ao jornal O Globo, ilustra com perfeição como esta visão circula inclusive entre a esquerda. Segundo Rui Costa, “Na minha opinião, isso [os acampamentos na frente dos quarteis] não contribuía e não contribuiu para a imagem das nossas Forças Armadas, que sempre foram o símbolo do que está escrito na bandeira do Brasil: ‘Ordem e Progresso’”.

Outro aspecto relevante desta mitologia é a representação das Forças Armadas como probas, imaculadas, justamente porque se diferenciam dos vícios e mazelas imperantes na sociedade. Por outro lado, ao serem definidas como instituições de Estado e destinadas à defesa da pátria, elas se tornam uma espécie de repositório da nacionalidade. Os militares seriam, assim, a representação “verdadeira” do que é a Nação, estando, portanto, aptos a identificar quando os interesses nacionais estão em jogo, e sua suposta lisura os tornam apropriados para executar movimentos de saneamento da política, de afastamento da corrupção, de contenção da desordem.

Essa narrativa, que pode ser detectada em todos os episódios de golpismo dos militares, desempenhou papel fundamental na construção da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência em um contexto no qual a corrupção ocupava o posto de principal problema brasileiro. Ora, se o país se encontra engolfado no “mar de lama” da esquerda corrupta, quem melhor que um militar para pôr ordem na casa? O fato de Bolsonaro ser um troglodita até mesmo para os padrões dos militares brasileiros pouco importa – o fato é que ele habilmente manejou este elemento em seu favor. Uma vez no poder, Bolsonaro não apenas seguiu se apropriando exaustivamente da retórica militarista como promoveu uma verdadeira colonização da administração pública com militares que, por sua vez, fizeram o que sabem de melhor: expandir seu quinhão de privilégios às custas do erário.

Isto nos remete a um tópico que será central nos debates sobre o período recente: a narrativa segundo a qual a vinculação entre militares e bolsonarismo se dá no plano individual, e não institucional, isto é, a ideia de que o que ocorreu foi uma adesão de indivíduos militares, e não um endosso institucional das Forças, ao bolsonarismo. Esta é uma falácia que precisa ser urgentemente desconstruída.

Do infame tuíte do gen. Villas Bôas chantageando o STF até aos afagos aos golpistas acampados, as Forças Armadas são siamesas do bolsonarismo. Não duvido que as imagens de depredação do patrimônio artístico e cultural do país e de um sujeito defecando sobre a mesa de um ministro do STF arrepiem oficiais que se julgam membros de uma casta superior, mas não há ginástica retórica que desvincule as turbas bolsonaristas dos militares. É simplesmente impossível que mais de 6.000 oficiais da ativa ocupem postos na administração pública sem respaldo do Alto Comando, ou que as infundadas suspeitas sobre o sistema eleitoral sejam endossadas sem a anuência dos estrelados generais sem batalhas.

Esta narrativa, contudo, serve a vários propósitos fundamentais dos militares neste momento. O primeiro deles é evitar que os militares envolvidos no governo Bolsonaro sejam objeto de qualquer tipo de responsabilização pela coleção de absurdos formada nos últimos quatro anos, em particular no Ministério da Saúde. Um segundo interesse fundamental é assegurar a manutenção dos privilégios recentemente adquiridos – como o tratamento especial na reforma da previdência. Finalmente, os militares esperam manter-se isentos de qualquer tipo de controle por parte do poder civil, garantindo, assim, sua autonomia administrativa e política, inclusive na definição das prioridades orçamentárias.

Para garantir que sua agenda será exitosa, os militares precisam contar com mais do que sua expertise em relações públicas. Se as narrativas mitológicas sobre os militares persistiram por tanto tempo não foi apenas por ação da caserna, mas também por inação dos civis. É fundamental que os poderes estabelecidos se assenhorem de suas prerrogativas constitucionais e façam aquilo que se espera de qualquer democracia: que os militares sejam plena e irrevogavelmente subordinados ao poder civil – e não conciliados com ele. Evidentemente não se trata de exercício simples, mas a urgência que a questão adquiriu nos últimos anos não comporta mais adiamentos. As falas recentes do Presidente Lula e a demissão do gen. Arruda representam bons sinais, mas é preciso ir além. É preciso que haja um debate amplo e propositivo entre partidos, representantes eleitos e a sociedade civil, que discuta a sério o controle civil.  Caso isto ocorra, pelo menos para algo positivo a grotesca fuzarca golpista que tomou Brasília terá servido.

 

* Matheus de O. Pereira é Doutor em Relações Internacionais e Professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Imagem: Invasão do prédio do Congresso Nacional. Por: Agência Senado/Flickr.

O exemplo da Colômbia: um convite à ousadia

Ana Penido*

O povo colombiano elegeu, em 19 de junho de 2022, seu novo presidente, o senador Gustavo Petro, ex-guerrilheiro; e sua nova vice-presidente, Francia Márquez, mulher negra, ativista ambiental e defensora dos direitos humanos. Formou também uma das maiores bancadas de esquerda da história do país, além de reduzir o espaço do uribismo, que dominava a política há 20 anos. O contexto eleitoral foi de aumento da violência política e social em níveis anteriores aos dos acordos de paz, com ampla atuação de grupos paramilitares. Desde o início de 2022, 76 lideranças políticas de esquerda foram assassinadas

Petro e Márquez tomaram posse dia 07 de agosto de 2022, em cerimônia que contou com a presença da ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff. No dia 19 de agosto, o presidente fez seu primeiro discurso direcionado aos militares colombianos, durante a posse do Major-General Henry Armando Sanabria Cely como novo Diretor Geral da Polícia Nacional Colombiana. Dada a importância da fala e o desejo de ampliar sua circulação, o discurso foi traduzido a seguir e aqui é sumariamente comentado.

Inicialmente, alguns possivelmente estejam se questionando: ‘Por que trazer um discurso presidencial feito em uma atividade policial na Colômbia para a reflexão sobre as relações entre as forças armadas e a sociedade no Brasil?’ 

A Colômbia é um grande exemplo da policialização das forças armadas e da militarização da polícia nacional, consolidadas por décadas sob os auspícios estadunidenses. A Polícia Nacional colombiana está, desde 1953, subordinada ao Ministério da Defesa junto à Marinha, Exército e Força Aérea. Sua principal atividade é o combate ao narcotráfico no meio urbano e rural, uma atualização da Doutrina de Segurança Nacional que identifica entre os cidadãos colombianos inimigos potenciais. 

O país reúne uma combinação explosiva: movimentos insurrecionais, paramilitares, um recente acordo de paz, assassinatos de lideranças políticas, alta injeção de recursos pelos EUA, grandes organizações criminais com atuação internacional, décadas de governos neoliberais e índices de desigualdade social elevados. Nesse sentido, a Colômbia representa talvez a pior correlação de forças possível no continente para reformas na área de segurança.

Mesmo com o campo minado, Gustavo Petro, primeiro presidente do país com origem política na esquerda, vem fazendo e propondo mudanças profundas. Junto ao seu Ministro da Defesa, Iván Velasquez, enviaram para a reserva um grande grupo de oficiais, em torno de 24 generais da Polícia, 16 do Exército, 6 da Aeronáutica e 6 da Marinha, promovendo com isso uma ampla renovação da cúpula militar. Petro afirma que as forças militares na Colômbia precisam se tornar um Exército da Paz, e vem abrindo caminho doutrinário e prático nesse sentido.

Em termos de doutrina, Petro propõe a adesão ao conceito de segurança humana, que toma o indivíduo como centro, e não o Estado, por exemplo. Num enfoque mais restrito, o conceito trata de fatores que ameaçam a segurança física do indivíduo, como conflitos armados. Num enfoque mais amplo, trata de fatores que ameacem o bem estar, o desenvolvimento e a dignidade do ser humano, como fome, doenças, etc. O conceito é parte do alargamento pós Guerra Fria dos Estudos de Segurança. Foi usado em 1994 em documentos do PNUD, que pensou a segurança humana como um estado livre do medo e livre das necessidades, organizadas em sete categorias: econômica, alimentar, saúde, ambiental, pessoal, comunitária e política. Em outros termos, a segurança não seria a ausência de conflito armado, mas um estado em que os direitos básicos individuais e coletivos são garantidos para o desenvolvimento humano com liberdade (Sen, 2000). 

O conceito não é livre de controvérsias, e seu emprego na América do Sul exige cautela. Uma crítica que recebe é a sua amplitude, assim como a ausência da análise da interação entre os diferentes fatores de segurança com seus diferentes pesos (Krause, 2013). Outra crítica pertinente é que a securitização de temas em nível internacional abre a possibilidade de respostas militares para muitas questões, por exemplo, intervenções humanitárias em países subdesenvolvidos para resolver problemas de pobreza, legitimando os interesses de grandes potências (Duffield, 2017). Os EUA e a OEA nos anos 2000 classificam uma infinidade de ameaças, indo do terrorismo à pobreza. Entretanto, a pobreza, longe de ser uma ameaça, é um indicativo inequívoco da incapacidade de distribuir riquezas (Saint-Pierre, 2012). Com seus limites, é um conceito extremamente avançado para o histórico colombiano, marcado pelo enfrentamento à guerrilha política e ao narcotráfico. 

Petro começa o governo partindo das perguntas corretas. Ao invés de discutir apenas reformas nos meios militares, questiona o que e quem de fato ameaça a sociedade colombiana na atual quadra histórica global. Tendo essas questões claras, passa ao debate de como defender a sociedade, para só então propor para discussão pública (algo raro e salutar para forças de segurança) alterações organizativas e regulatórias. Em seu discurso, Petro propõe reformas concretas e profundas na organização militar, como a equidade de gênero, o aumento da escolaridade, mudanças orçamentárias, e mesmo a porta de entrada única para a carreira na Polícia Nacional, com profundos impactos na hierarquia e na disciplina. 

É cedo para avaliar o sucesso ou o fracasso de cada medida sugerida pelo novo presidente. Entretanto, levando em conta o cenário adverso que ele encontra, é inegável o quanto suas proposições de reformas são corajosas. Entendemos que algumas das propostas do novo presidente deveriam ser objeto de discussão também no Brasil, notadamente a problematização sobre o que de fato ameaça o povo brasileiro. Que a tradução desse discurso inspire as forças progressistas que atualmente disputam o processo eleitoral à ousadia.

Referências:

PAIVA, Giovana. Verbete: segurança humana. In: SAINT-PIERRE, H.; VITELLI, M. Dicionário de Segurança e Defesa. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018.

DUFFIELD, M. Human Security: Linking Development and Security in an Age of Terror. In: KLINGEBIEL, S. (Ed.). New Interfaces between Security and Development: Changing Concepts and Approaches. Bonn: German Development Institute, 2006.

KRAUSE, K. Critical Perspectives on Human Security. In: MARTIN, M.; OWEN, T. (Eds.). Routledge Handbook of Human Security. London; New York: Routledge, 2013.

SAINT-PIERRE, H. L. El concepto de la seguridad muldimensional: una aproximación crítica. In: ALDA, S.; GÓMEZ, V. (Eds.). El concepto y las relaciones multilaterales de seguridad y defensa en el contexto de la Unasur. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado; Uned; Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, 2012.

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Ana Penido é doutora em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (UNESP – Unicamp – PUC-SP). Pesquisadora do GEDES e do Instituto Tricontinental.

Imagem: Foto de Gustavo Petro no dia da posse presidencial/ Por: USAID/Wikimedia Commons.

 


Discurso do presidente Gustavo Petro, novo presidente da Colômbia, durante a cerimônia de nomeação do Major-General Armando Sanabria Cely para o cargo de Diretor Geral da Polícia Nacional da Colômbia

19 de agosto de 2022

Traduzido por Ana Penido

A todas as mulheres e homens da Polícia Nacional que nos acompanham, comissários, subentendentes, entendentes, oficiais. À Vice-presidenta da República Francia Márques Mina; ao Ministro da Defesa, Iván Velásquez; ao núncio apostólico em sua Santidade e ao decano do corpo diplomático, Monsenhor Montemayor. Aos altos comandantes militares e da Polícia Nacional e às suas famílias. Ao Major-general Elder Bonilla, comandante das forças militares e sua esposa, María Victoria. Ao Major-general Luiz Maurício Ospina Gutiérrez, comandante do Exército Nacional, e sua esposa Lorena. Ao Vice-almirante José Joaquín Amézquita García, chefe do estado-maior conjunto das forças militares. Ao Vice-almirante Francisco Fernando Cubides, comandante da Marinha Nacional, e sua esposa Luci. Ao Major-general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante da Força Aérea Colombiana. Ao Major-general Armando Sanabria Cely, diretor geral da Polícia Nacional, e sua esposa Maria Fernanda. Ao Brigadeiro-general Carlos Fernando Triana Veltran, diretor da Escola de Cadetes de Polícia Diretor Francisco de Paula Santander, e sua filha Camila. Aos embaixadores e chefes de missões diplomáticas na Colômbia. Aos ministros e ministras, funcionários do governo nacional. Ao fiscal geral da Nação, Francisco Barbosa Delgado, e sua esposa Hualfa. À Prefeita da cidade de Bogotá, Claudia Hernández. Ao General Jorge Luis Vargas Valencia, diretor geral da Polícia Nacional, e sua esposa Cláudia. À representante da Câmara, Susana Gómez. Aos militares, almirantes, diretores de unidades da polícia, suboficiais, alferes, cadetes, oficiais do nível executivo, patrulheiros, etc. Representantes da comunidade inter-religiosa, aos convidados especiais dos meios de comunicação e à cidadania que se faz aqui presente. Saúdo a todos e todas nesse ato oficial para a transmissão do Comando, no qual quero expressar alguns conceitos, algumas ideias, para a discussão pública e para a análise da instituição. 

Durante a campanha eleitoral, o tema da segurança na Colômbia foi tema de exame em muitos fóruns, eventos e debates televisivos, e obviamente o das instituições que a garantem. Dizíamos que o conceito de segurança precisava ser transformado no país, pois o que se usava falhou de maneira enorme, levando instituições a quebras significativas da ética e dos direitos humanos.

Propusemos, e é o que propomos agora, mudar o conceito para a segurança humana. A segurança humana não é uma invenção minha, mas uma discussão mundial, cujo cenário são as Nações Unidas. A diferença não é apenas de palavras fáceis de pronunciar, colocando adjetivos à palavra segurança. A segurança humana basicamente muda o objetivo, o conceito mesmo, a essência do que até agora se vinha fazendo sobre o tema.

Temos medido a segurança por baixas: quantos mortos, quantos presos. Dia a dia, a televisão nacional apresenta balanços com esse objetivo, mais ou menos parecidos com os balanços que me eram apresentados quando prefeito dessa cidade, tratavam do mesmo tema. E, não obstante, mortos atrás de mortos, baixas atrás de baixas, neutralizações após neutralizações, os indicadores de segurança não melhoraram. 

Ao contrário, muitas regiões do país estão hoje sob o controle de grandes organizações multicriminosas, assim as chamaremos. Máfias lhes chamaríamos mais popularmente, mas estas máfias também se transformaram ao longo dos anos e das décadas. Hoje, o melhor termo que podemos usar são organizações multicriminosas, pois não apenas se dedicam ao narcotráfico, como também podem estabelecer em uma região, em uma parte da cidade, controles não apenas para as drogas e os entorpecentes, mas construir rotas para exportá-las e para o microtráfico, o consumo interno. Passam também a extorquir de forma generalizada bairros inteiros, zonas inteiras das grandes cidades, comarcas rurais inteiras. Não só a extorsão, mas também o sequestro, uma atividade de rendas ilegais que faz com que a sociedade fique submetida, fique sem direitos, fique sem liberdades em muitas regiões da Colômbia. Esses indicadores, reflexo da realidade, aparecem no aumento dos massacres, no aumento dos assassinatos de líderes sociais, no aumento de assassinatos de ex-combatentes, no aumento dos assassinatos em geral, cometidos durante o roubo de um celular por um garoto simplesmente para levá-lo de presente para a namorada. Mesmo com o enfrentamento do crime, temos uma realidade em que a tranquilidade cidadã não aumentou. 

Nós queremos propor, então, o conceito que se baseia não no número de baixas, no número de mortos, mas no aumento da vida. É o que chamamos segurança humana. Como em um território concreto, urbano ou rural, em uma jurisdição policial nesse caso, das 34 que existem, o que aumenta é a vida, e não a morte. O que diminui são os massacres, e o que cresce é o desfrute pleno da existência. Como diminuir não somente os riscos causados por um ser humano a outro ser humano, mas também os riscos que incluem a natureza, produto também da ação do ser humano? Como diminuir o risco de inundações, ou o risco de que alguém morra em uma inundação? Como diminuir o risco de morrer, para o conjunto da sociedade? Disso se trata a segurança humana. Portanto os indicadores não são mais o das baixas, mas o das vidas. Os indicadores para avaliar a perícia e o comando, homem ou mulher, de um oficial, de um comissário, um superintendente ou outras funções, deveriam ser sobre como salvar a existência humana. 

Como diminuir os riscos de morrer, o que inclui o desmantelamento das organizações multicriminosas? Grandes organizações que, há algumas décadas, nem sonhávamos que poderiam aparecer na Colômbia ou na América Latina. Organizações que apareceram, pois mudou o contexto da sociedade mundial e da economia mundial. O novo contexto da economia mundial de expansão dos mercados gera oportunidades para múltiplos crimes que se podem coordenar desde que exista uma organização que as planeje. Crimes que se tornam internacionais, crimes que atravessam as fronteiras, e que inclusive podem ocorrer ao longo da América. Como não reconhecer que a taxa de homicídios em diversos países latino-americanos em geral, em diversas cidades latino-americanas onde estão hoje algumas das cidades mais violentas do mundo, algumas delas colombianas, as taxas não estão caindo? É o produto de organizações que se movem na escala americana e que podem perfeitamente unir verticalmente, como dizem os gerentes das empresas privadas, podem unir o crime desde a produção da matéria prima, como quando se trata de drogas, até o produto acabado enviado para o consumidor final nos países ricos, nos quais estão os maiores consumidores. Quantos milhares de quilômetros não atravessam esses crimes, quantas realidades sociais vão navegando. Assim como atravessam rios e oceanos, atravessam seres humanos, sua diversidade, seus conflitos, seus problemas, suas necessidades. As organizações multicriminosas aprenderam a navegar nas sociedades das Américas, inclusive, se olhar ainda mais adiante e examinarmos as rotas que atravessam a África e chegam à Europa, veremos também a ampliação dos diferentes conflitos armados na África Subsaariana, na África Árabe, no Sul do Mediterrâneo, nos portos e máfias europeias.

Como enfrentar isso? Como enfrentar desde uma instituição nacional, subordinada à Constituição de 1991 e à sociedade colombiana?

Creio que estamos diante de problemas mais complexos do que a velha Doutrina de Segurança Nacional assentada na falsa crença de que existe um inimigo interno na Colômbia; de que alguém confabula em Marte ou em alguma parte do planeta sobre como causar danos a nós. Não existe inimigo interno na sociedade colombiana. Existem pessoas que sofrem de maneira diferente as circunstâncias em que vivemos nesse país e nesse território concreto. Algumas muito fortes, algumas com possibilidades, algumas com privilégios, algumas com várias capacidades e resistentes. Outras não, outras muito frágeis, territórios excluídos a quem só chegou a Polícia ou o Exército, mas nunca chega o médico ou a médica, o psicólogo, ou sequer a comida. Como enfrentar então essa poderosa organização multicriminosa?

A segurança humana pode construir instrumentos que blindem a sociedade colombiana. Se nosso povo não tem fome, existirão menos crimes. Se nossos jovens puderem entrar em uma Universidade em Catatumbo, Tumaco ou Letícia, onde só 8% dos meninos e meninas podem entrar em uma Universidade. Se conseguirmos que a juventude em Catatumbo consiga ingressar na Universidade, haverá menos crime. Se conseguirmos que um jovenzinho desses bairros aqui perto tenha como levar um celular para a namorada, haverá menos roubo, afinal não temos que discutir os presentes entre namorados em termos criminais. Se conseguirmos que uma série de atividades da sociedade colombiana que hoje são consideradas criminosas, não sejam mais assim consideradas, haverá por definição menos crimes na Colômbia. Quantas coisas criminalizamos que não deveríamos criminalizar! Desde quando um camponês que planta folha de coca é um criminoso? Ele é um simples camponês que não tem mais o que cultivar, pois se ele quiser produzir milho, é uma produção tão cara que não conseguiria sustentar a sua família. Desde quando é um criminoso um jovem que consome drogas, e que deveria ter na verdade acesso a um médico? Creio, portanto, que devemos construir um conceito diferente de segurança humana. Escolher bem quem é que se precisa enfrentar. Não é o pobre, mas a poderosa organização multicriminosa. 

E nessa perspectiva então devemos recordar a Constituição de 1991, que diz que a força policial, a instituição, é uma força armada civil, para garantir os direitos e as liberdades de todos e todas os colombianos. Esse é o conceito que está na Constituição, mas na história do país ele não foi concretizado profundamente. Claro, alguém poderia dizer que é por causa do que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a polícia não deve pertencer ao Ministério da Defesa, o que é uma discussão pública, e a faremos entre nós, entre vocês, o que significa essa opção. Que a polícia deixe de ser um corpo militar em alguns dos seus aspectos, pois a organização multicriminosa não é uma organização militar, como foi a guerrilha, a insurgência e várias das organizações mafiosas que aqui se instalaram. Mas a organização multicriminosa responsável pela insegurança cidadã em muitas regiões da Colômbia não é uma organização militar, então como poderia ser destruída com instrumentos militares?

Se a finalidade da venda de cocaína é ganhar dinheiro (para que mais se venderia cocaína?), e o recurso proveniente da venda da cocaína circula na nossa economia nacional através de megaoperações para a lavagem de ativos, como, através de instrumentos militares, se poderia destruir uma organização para a lavagem de dinheiro? Para destruir uma organização dessas precisamos de       computadores, experts em engenharia financeira, expertas em inteligência policial, expertas em transações bancárias a nível mundial. Uma quantidade de capacidades que não se pode caracterizar como militares, e sim como civis, e que precisam ser adquiridas através do estudo, para atingir a mesma altura das organizações multicriminosas, pois elas têm o dinheiro para recrutar os melhores experts civis na matéria da lavagem de dólares. 

Muitas vezes apresentamos na televisão habitantes dos bairros populares, por vezes até camponeses, dedicados ao microtráfico e outras atividades ilícitas. Mas quantas vezes foram apresentados os grandes lavadores de dólares da Colômbia, do México, da América? Onde eles vivem? Quais são seus bairros? E de que maneira poderemos levá-los à justiça para que sejam julgados?

Aqui temos um longo caminho por percorrer que tem a ver com a instituição policial. Aquilo que nos proporcione fazer crescer a segurança humana, e desmantelar as organizações multicriminosas. A verdade é que a polícia precisa crescer muito em termos de capacidades. E uma discussão é pensar como um homem ou uma mulher de 19 ou 20 anos que ingressa na instituição pode desenvolver essas capacidades, quando vem também de um mundo com problemas, de uma sociedade com problemas e profundamente desigual.

Creio que parte da transformação não tem a ver simplesmente com a decisão de transferir a Polícia de um ministério para outro, mas é algo mais profundo. Se o ser humano que conforma a instituição, porque a instituição não é uma abstração vazia, jurídica, mas sim é composta por pessoas, se essas pessoas podem gozar com plenitude seus próprios direitos e liberdades. Estou absolutamente convencido de que uma pessoa que esteja dentro de uma instituição policial gozando da sua dignidade humana dentro da instituição, não é capaz de violentar a dignidade humana de uma pessoa fora da instituição. Estou convencido de que quanto mais cresça a dignidade humana na Polícia, mais cuidado terá a Polícia Nacional com o conceito e a realidade da dignidade humana fora da Instituição Policial, nas veredas e nos bairros populares.

A Polícia Nacional não é para perseguir jovenzinhos nos parques. A Polícia Nacional não é para apreender uma banca de alimentos de um vendedor ambulante que vive quase exclusivamente disso. A Polícia Nacional não é para chegar à casa de um camponês e arrastá-lo para prisão porque ele cultivou folhas de coca. 25% dos presos são camponeses colombianos. A única coisa que isso provoca são as guerras secretas e clandestinas nos bairros, uma confrontação crescente e permanente entre cidadãos jovens e jovens policiais. Essa não é a nossa guerra. Assim a Colômbia não está sendo construída, pelo contrário, pode estar sendo destruída. Algo que aconteceu há alguns meses e marcou esse país política e socialmente, e isso não deve se repetir. 

A Constituição de 1991 é clara. A Polícia é para a defesa dos direitos e das liberdades de todos e todas as cidadãs. Inclusive os que são oposição a esse presidente e não votaram nele, há que cuidá-los e cuidá-las. Sobretudo da gente humilde e pobre, pois estamos em uma das sociedades mais desiguais do planeta Terra. Isso implica em um Estado que dê a mão firmemente ao que mais sofre, ao mais excluído. À mulher campesina, à mulher negra, ao jovem que é perseguido na realidade por diversas exclusões na sua existência, e que perde as esperanças, e crê que não há possibilidade nessa pátria, e então aceita dois ou três milhões para carregar um fuzil, sendo a carne de canhão das organizações multicriminosas.

Eu creio, e o pedi ao Ministro da Defesa e ao novo Diretor de Polícia que hoje iniciam seus trabalhos, que temos que fazer reformas. Não vamos falar de todas elas aqui, pois está prestes a cair uma grande chuva fruto da crise climática, não vamos analisá-las todas a fundo, mas eu proporia duas, ou três.

A primeira, já em parte alcançada, não sem problemas, pois tudo tem problemas, na Polícia Nacional, foi a igualdade entre homens e mulheres na prática cotidiana, precisamente para que na nossa sociedade a igualdade entre homem e mulher seja uma prática cotidiana [palmas]. Sociedades que culturalmente foram machistas por séculos, em que todos os homens foram educados assim, o machismo persiste na cabeça mesmo inconscientemente. Temos que fazer esforços institucionais para que a mulher possa estar em qualquer instituição, em qualquer parte, incluindo a polícia. Aqui foram feitos esforços e seus resultados são visíveis. Um desfile desses há vinte anos não seria assim, creio eu. Há avanços, e eles precisam continuar. O papel da mulher na polícia deve ser fortalecido, protegido, cuidado. É preciso criar mecanismos de denúncia para casos de irregularidades, para que a mulher sinta que é na Polícia Nacional, talvez dentro de todo o país, o seu espaço mais seguro.

Segunda questão, há mundos sociais distintos. Um é o mundo do intendente e do patrulheiro, que pode chegar a comissário. O outro é o mundo dos oficiais. Esse é um tema que não é apenas da Polícia. Mas quando existem dois mundos diferentes, e passar de um mundo ao outro custa dinheiro, pode acontecer de a capacidade de comando se desfazer. Um comandante que come com os mesmos instrumentos a mesma comida que um patrulheiro, é um comandante melhor. Ele é mais respeitado, mais querido, menos distante. Hoje temos uma Estação de Polícia com 300 patrulheiros, e chega um subtenente que jamais foi patrulheiro na sua existência, então não sabe o que é isso, mas vem para mandar, se produz o choque, a debilidade do comando. Por isso me parece que os dois mundos devem unir-se. Significa dizer que qualquer patrulheiro possa ser general da República simplesmente por mérito e não porque teve dinheiro para fazer o curso [palmas]. O que custa para fazer os diferentes cursos, eu sei que não têm matrícula, mas o que se cobra pelo uniforme, pelos apetrechos, para uma pessoa humilde é difícil conseguir 10 milhões de pesos. Isso deve acabar, pois para isso há um orçamento nacional, e se são organizações públicas, tudo o que há deve ser pago com dinheiro público, e nesse sentido não deve haver cobrança para passar de um mundo para o outro. Estudar nas diferentes escolas da Polícia Nacional deve ser completamente gratuito para os membros da Polícia Nacional, esta é a primeira reforma que lhes proponho.

E que leva a um assunto complexo que quero lhes propor, e que quero que se debata com as bases mesmo dentro da Polícia, para que cheguem opiniões e propostas, pois isso leva necessariamente a que o mundo dos oficiais saia necessariamente do mundo de patrulheiros. Isso significa que não se chega ao Comando por uma porta externa da sociedade, mas pela porta da Patrulha. Que todos os membros da polícia tenham que ser patrulheiros e, através do mérito e de estudar, obviamente, possam ascender. É uma mudança que pode garantir um fortalecimento maior no comando e uma unidade maior na ação em diferentes lugares: que não haja diferenciação social na Polícia, e que qualquer um possa ser general se tiver mérito! Que não seja a condição econômica o que impeça uma mulher ou um homem dentro da Polícia a seguir a carreira até o final, até a cúpula, até que um dia um presidente o despeça com honras, pois acabou o seu ciclo diante da força policial. 

E uma segunda proposta, essa tem mais a ver com as forças militares nas quais as pessoas são mais transitórias do que aquelas da polícia. A polícia será melhor se todos os seus integrantes puderem elevar o seu nível de escolaridade. Quando eu falava sobre a organização multicriminosa dedicada à lavagem [de dinheiro], é preciso de inteligência financeira para descobrir as transações ilícitas que não são fáceis de descobrir, e isso implica em ampliar as capacidades profissionais que são diversas, e não são as mesmas exigidas para enfrentar um problema de gangues num bairro popular, onde é preciso entender a antropologia da juventude de hoje. Quando prefeito custei para entender o que dizia num mural da parede, até que descobri o que dizia. Mas para isso é preciso saber, conhecer. Se implementarmos um programa em que, o máximo possível, as pessoas que entram como patrulheiros ou patrulheiras da instituição possam começar juntando a sua atividade diária de trabalho com a educação superior em todas as disciplinas, o que faz com que, além de estudar aqui, é preciso abrir a porta da Universidade pública, e ampliar as escolas para promover a elevação do nível de escolaridade da Polícia até termos uma polícia melhor, mais capaz. Essas capacidades são fundamentais na hora de defender os direitos e as liberdades da cidadania. 

Uma pessoa que se aposente por qualquer motivo continuará capacitada para exercer sua profissão na sociedade colombiana sem decair. O que passa com um soldado que saiba manejar um fuzil, e sai da instituição para a sociedade? Ele não é mais um profissional, não lhe dão salário na força militar, ele vai pedir um posto de zelador em um edifício e não consegue, porque sabe manejar um fuzil. A instituição estatal tem que dar capacidades para esses jovens homens e mulheres que estão em instituições armadas, que têm conhecimentos específicos, mas que não se aplicam na sociedade, deve promover as capacidades também para se defender; de tal maneira que a passagem pela Polícia, pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, seja uma passagem que proporcione ao ser humano que ingressa, sair melhor do que quando entrou em todo tipo de capacidades humanas, o que inclui as capacidades acadêmicas e profissionais. 

Um corpo de Polícia mais profissional implica em dinheiro. O que pagava o patrulheiro, deve pagar o Estado; o que paga o cadete ou o alferes, deve pagar o Estado. A educação que teria que encontrar inclusive fora dessas instituições, quem tem que pagar é o Estado. Chegamos a prática de todo governante que é decidir o que é prioritário. Esse dinheiro pode estar sendo gasto em outras coisas. Pode ser que esteja dentro da Polícia, mas gasto em outras coisas. Pode ser que componha os gastos militares, mas gasto em outras coisas. Pode ser que esteja dentro do Estado, mas gasto em outras coisas. Pois eu lhes proponho que todo o gasto com seres humanos é prioritário! As coisas podem esperar, mas o ser humano não. A mulher e o homem que carregam o fuzil são mais importantes que o fuzil, sempre e em todo lugar. O fuzil não dispara sozinho, e inclusive pode ser autodestrutivo. Se o ser humano que está atrás desse fuzil for melhor, teremos mais capacidade, mais garantias de defesa. Uma Polícia que, como diz a Constituição, seja a garantia plena dos direitos e das liberdades da sociedade colombiana sem exceção, desde o mais pobre ao mais rico, mas sabendo que quem mais necessita é o mais pobre. 

Portanto, é a aliança Estado-povo, Exército-povo, Polícia–povo, Exército-camponês e camponesa, Polícia-jovem do bairro popular é fundamental estabelecer essa aliança se queremos uma democracia melhor, com mais tranquilidade, mais estabilidade, com desenvolvimento que alcance a toda a sociedade colombiana, para que este país seja muito maior do que é. Obrigado por terem me escutado, felicidades e um aplauso a vocês homens e mulheres da Polícia Nacional.

Desprojetos de Brasil

Mariana Janot*
David Succi Júnior**
Lívia Peres Milani***
Samuel Alves Soares****
Texto publicado originalmente em Le Monde Diplomatique Brasil.

No dia 19 de maio de 2022, o Instituto General Villas Bôas realizou o lançamento oficial do Projeto de Nação: o Brasil em 2035. O documento foi elaborado em parceria com o Institutos Sagres e o Instituto Federalista e coordenado pelo general da reserva Rocha Paiva. O vice-presidente, Hamilton Mourão, participou do evento de lançamento. Não resta dúvidas da influência dos militares na elaboração do documento. Segundo os autores, o projeto visa estabelecer uma Estratégia Nacional – também referida como Grande Estratégia ou Política Nacional -, que seja de longo-prazo, “apartidária, sem radicalismos ideológicos, étnicos, religiosos, identitários ou de qualquer natureza”. A proposta representa a continuidade de uma ideologia de segurança nacional, tem insuficiências metodológicas e vem embutida de uma visão autoritária.

O Projeto de Nação como continuidade de uma tradição militar

No projeto, se descreve um Brasil majoritariamente conservador e liberal, socialmente coeso em seus valores morais, éticos e cívicos, resistente ao movimento globalista, movido pelo agronegócio e mineração, esvaziado de legislações de demarcações de terras indígenas e assertivo no combate ao crime organizado e à corrupção. Para alcançar este Brasil, seria necessário superar interesses político-partidários, identitários e radicais, incapazes de compreender os verdadeiros interesses nacionais, que somente o conservadorismo evolucionista poderia interpretar. O projeto afirma que este é o caminho para o futuro, porém, este é, precisamente, o passado, e tem nome: Doutrina de Segurança Nacional.

É indicativo que o site oficial do Instituto Sagres indique como fundamentação do estudo figuras e ideias caras ao grupo militar e civil que Lentz (2022) denominou como conservador-intervencionista. Desde a década de 1930 se constrói uma ideologia de segurança nacional em que cabe às Forças Armadas o dever e o direito de interpretar, formular e implementar os objetivos nacionais da coletividade brasileira, junto a um grupo de tecnocratas e elites econômicas, mantendo uma visão elitista do que o Brasil já foi, do que o país é no presente e, sobretudo, do que o Brasil deve ser.

Na Escola Superior de Guerra, espaço de articulação do Golpe de 1964, se formulam planejamentos e manuais para uma Política Nacional e uma Grande Estratégia norteadas pela indissociabilidade entre segurança (conservação) e desenvolvimento (progresso controlado). Em seus Manuais Estratégicos, bem como no Planejamento Estratégico de Golbery do Couto e Silva, há uma constante ênfase na análise estratégica de conjuntura e levantamento de situações futuras de curto e longo prazo, no âmbito doméstico e global, a fim de se delimitar e perseguir os Objetivos Nacionais Permanentes e Atuais, sob gestão e intervenção consciente do Estado (Couto e Silva, 1981, pp.403-409).

Em continuidade desta tradição, no Projeto de Nação lançado nesta semana, somos apresentados a uma Estratégia Nacional “consolidada em documentos que englobam as estratégias a serem aplicadas para conquistar e ou manter os Objetivos Nacionais (ON), estabelecidos pelo mais alto nível de direção do Estado (nível político), e de acordo com Diretrizes Político-Estratégicas por ele definidas” (Sagres, 2022, p.14). Os autores do projeto o anunciam como resultado de um estudo de cenários, que visa a democracia estável e ao desenvolvimento do país.

As insuficiências metodológicas

A elaboração de cenários prospectivos é um instrumento empregado por diversas entidades públicas, privadas, nacionais e internacionais no processo de planejamento, tomada de decisão e comunicação de objetivos e políticas. De forma resumida, cenários prospectivos são imagens do futuro e dos desenvolvimentos que podem produzir determinadas situações no futuro. Há uma série de metodologias e diferentes ferramentas empregadas para sua formulação, cujo ponto comum é o pressuposto de que as cenas resultantes não têm propósito preditivo, isto é, de asseverar o que de fato ocorrerá. São instrumentais justamente por explorarem possibilidades e ampliarem o imaginário político. Neste sentido, os cenários estão sempre, inevitavelmente, no plural. São cenas, comumente entre três e quatro, que buscam compreender o maior espectro possível de alternativas.

Ainda que o documento disponibilizado ao público não explique os meandros da sua elaboração, diversas inconsistências metodológicas podem ser depreendidas, das quais destacamos duas. A primeira delas é a noção de “cenário foco”. O relatório afirma não ser um exercício de adivinhação, no entanto, apresenta apenas uma possibilidade de futuro. Os mini cenários são elementos de uma única cena. O general Rocha Paiva, coordenador do projeto, explica que este cenário foi escolhido por ser o mais provável. Definir um desenvolvimento futuro como mais provável, assim como o único a ser comunicado, contradiz diretamente tanto o objetivo deste tipo de instrumento – ampliar as possibilidade e alternativas -, quanto a afirmação dos próprios elaboradores de que não buscam prever o futuro. Ademais, incorre-se no risco de meramente projetar para o futuro a conjuntura presente.

A ideia de probabilidade conduz à segunda inconsistência metodológica: como a probabilidade foi mensurada? O general que coordenou o projeto revela duas etapas deste processo, uma consulta realizada no interior dos ministérios, sem especificar quais, e outra mais ampla, com a participação de dois a três mil respondentes, de acordo com o que informou. Não fica claro, no entanto, como essas consultas foram feitas, quem participou, qual peso foi dado para cada resposta e como foi possível depreender a probabilidade de futuro a partir da percepção deste grupo, posteriormente filtrada pelos elaboradores do documento final. Rocha Paiva também informa que antes de indicar a hipótese mais provável os respondentes deveriam ler uma explicação, que denominou de “ambientação”, uma vez que nem todos os participantes conheciam todos os temas.

De pronto é possível questionar em que medida este texto explicativo influenciou a resposta dos consultados. Assumir a impressão de um grupo, cujas características desconhecemos, como método de mensurar probabilidade faz com que posicionamentos políticos, morais e possíveis preconceitos sejam descritos e apresentados como fatos, legitimado pelo que denominam no documento de “métodos consagrados”. Ademais, relatórios de cenários prospectivos são convencionalmente informados e introduzidos por ampla pesquisa acadêmica, levantamento de dados e bibliografia especializada, o que não se faz presente no documento e na apresentação deste projeto.

Por fim, construir cenários prospectivos é um exercício intrinsecamente normativo e, mais que em outras atividades acadêmicas, não existe neutralidade. Os autores do Projeto de Nação, no entanto, não explicitam essa limitação, pelo contrário, partem do pressuposto de que falam pela nação, entendendo que “significativa parcela do povo [brasileiro] hoje se identifica como conservador e liberal” (Sagres, 2022, p. 12). Essa assertiva, no entanto, é contestável. O “povo brasileiro” é plural e reduzi-lo a uma única visão de mundo, que ademais não ressalta as especificidades das minorias, é sintomático de autoritarismo. O problema não é elaborar cenários a partir de um ponto de vista conservador, mas apresentar esta visão como sendo a opção do “povo brasileiro”. A retórica de “povo” é contraditória também por ser conectada com um elitismo explícito, expresso na defesa dos interesses do agronegócio, que deveria ser estimulado e protegido “como fator estratégico de segurança alimentar global e nacional” (Sagres, 2022, p.37). A seguir, apresentamos outros indícios de autoritarismo embutidos no documento e convidamos a todos a refletirem sobre nossos contrapontos em alguns dos aspectos críticos deste projeto.

As contradições e o autoritarismo expressos no Projeto de Nação

Existem diversas contradições e problemáticas explícitas no texto divulgado pelo Instituto General Villas Bôas. Nesta sessão, analisamos aquelas presentes nas visões sobre o sistema internacional, a proteção da Amazônia, a educação e a segurança pública. Existem dois pontos da concepção sobre a ordem internacional explicitada que merecem destaque: a visão de rivalidade entre grandes potências e o combate ao globalismo. No primeiro caso, embora o diagnóstico não seja impensável, considerando as atuais disputas protagonizadas por China e Estados Unidos, o mesmo é naturalizado e parece haver resignação do papel do Brasil como potência média, desvalorização da diplomacia e subestimação da capacidade brasileira em promover consensos internacionais. Já o uso da palavra globalismo é sintomático: trata-se de um termo não acadêmico, mobilizado pela nova direita global, para entre outros pontos, se contrapor ao avanço transnacional de pautas progressistas relativas à proteção do meio-ambiente e aos direitos das mulheres e de populações LGBTQI+. O documento propõe, portanto, uma continuidade da política externa do governo Bolsonaro ainda que mais pragmática em relação à China – como defende o vice-presidente.

No que se refere à Amazônia, o projeto explicita a necessidade de aumentar a produção do agronegócio, da mineração e reduzir as legislações que protegem o meio ambiente e as terras indígenas. As forças armadas têm, historicamente, defendido o argumento de que a região amazônica precisa ser “integrada” ao Estado brasileiro, na premissa de que é um “vazio”, servindo como uma espécie de fronteira final brasileira que precisa ser garantida pelo braço forte e mão amiga, já que os povos originários não fazem parte da Pátria pensada dentro dos espaços militares, deixando um espaço desocupado pelo Estado, vulnerável às “cobiças internacionais”. A aversão militar à demarcação de terras indígenas é palpável, já tendo sido caracterizada como “irresponsável e caótica” pelo atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, quando era comandante de tropas na Amazônia. A defesa da ocupação das terras por meio do agronegócio e mineração, em evidente agressão às comunidades que vivem no território – poucas semanas após uma criança Yanomani ter sido estuprada e assassinada por garimpeiros e indígenas de sua aldeia terem sido forçados a fugir – é apresentada no projeto como uma diretriz de Defesa Nacional. Esta diretriz não é apenas autoritária: é genocida.

Os autores do projeto consideram que o ambiente escolar estava promovendo agressões físicas, mentais e psicológicas contra as crianças e adolescentes por meio de ideologias perpetradas por educadores. Este quadro não encontra nenhum respaldo com os fatos da realidade brasileira. Mais de 70% dos assassinatos de crianças abaixo de nove anos são cometidos por pessoas conhecidas das vítimas, em sua maioria, no ambiente doméstico ou nas ruas. Ainda, mais de 60% dos casos de estupro e violência sexual de jovens ocorrem dentro das casas, e mais de 80% dos criminosos são pessoas conhecidas – familiares e pessoas próximas à família. Políticas públicas de educação sexual, saúde e conscientização nas escolas protegem as crianças e jovens da agressão. Quanto ao ensino superior, defende-se a cobrança de mensalidade nas universidades públicas, com justificativa pouco evidente.

Segundo o projeto, o problema não é o orçamento, e sim a gestão. Neste sentido, indica-se a necessidade de aprimorar a gestão por meio do controle sobre a escolha dos reitores, prática já adotada pelo atual governo federal, evidenciando ainda mais o teor autoritário do documento. Ademais, há um explícito ataque à autonomia acadêmica e de cátedra, ao acusar as instituições públicas de ensino superior de suposta ideologização. Recentemente, argumentos, frequentemente infundados, sobre má gestão e imposição de pensamento doutrinário tem sido mobilizados politicamente para descredibilizar as instituições de ensino e pesquisa do país, como justificativa para redução orçamentária e deslegitimação de críticas ao governo federal [1] [2] [3]. De forma correlata, ao longo de todo o documento, políticas de educação e pesquisa são restritas a áreas consideradas estratégicas, o que abre espaço para punição a setores mais politicamente engajados, assim como um foco exclusivo na pesquisa aplicada, em detrimento da pesquisa básica.  Gratuidade do ensino e autonomia universitária são pilares do ensino público e de qualidade país, cuja reforma pode, e deve ser feita de forma democrática, plural e inclusiva.

No texto afirma-se que, na segurança pública, o crime organizado prosperava no país devido à leniência política em vitimizar criminosos, algo já registrado, por exemplo, na documentação oficial da Intervenção Federal no Rio de Janeiro, sob comando do General Braga Netto. O discurso de que é preciso ser mais agressivo é de longa-data no país, porém a realidade brasileira é de alto punitivismo, como mostram os altos índices de encarceramento, e de estratégias violentas de combate ao crime organizado e narcotráfico, retratadas pelas operações letais constantes em favelas e periferias que não resolvem a criminalidade, e aumentam o número de mortes de policiais e civis, em sua maioria, jovens negros.

Ainda, o projeto defende a maior autonomia das Polícias Militares e o estreitamento de suas relações com o Exército. Atualmente, há um projeto em discussão e revisão na Câmara dos Deputados, cujo relator é capitão Augusto (PL), que busca garantir maior autonomia às PMs, a fim de blindar a corporação. O vice-presidente, general Mourão, concorda com essa ideia geral, desde que mantendo o cargo de generalato restrito às forças armadas, para que a hierarquia seja mantida. Além disso, o Projeto afirma que há preconceito com Policiais Militares ocupando cargos políticos.  Não se trata de preconceito, e sim, de uma premissa democrática básica: profissionais que exercem função policial e militar, especializados no uso de armas e comando de tropas não devem assumir cargos políticos enquanto estiverem na ativa ou imediatamente após serem transferidos para a reserva. É preciso um distanciamento, temporal e espacial, entre a profissão armada e a esfera política, pois esta é uma arena de diálogo e negociações, e não há como negociar sob ameaça das armas. Todo este movimento indicado no projeto caminha na direção contrária à assertividade civil sobre as forças de segurança no país, que já se encontra gravemente debilitada.

Na cerimônia de lançamento, o general Rocha Paiva apresentou o Projeto de Nação e perguntou se “alguém não quer este Brasil?”. Respondemos, sonoramente, que este Brasil não nos interessa. Nos interessa um Brasil democrático, plural, diverso, popular e soberano, pensado e dialogado livremente por todos que nele habitam.

 

* Mariana Janot é doutoranda no Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Bolsista CAPES. Contato: mariana.janot@unesp.br.

**David Succi Júnior é doutorando no Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP).

***Lívia Peres Milani é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Contato: livialpm@gmail.com. Bolsista Capes-PrInt.

****Samuel Alves Soares é professor associado da Universidade Estadual Paulista e do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP).

Os quatro autores são membros do Grupo de Elaboração de Cenários Prospectivos, vinculado ao Gedes.

Imagem: Divulgação do Projeto de Nação: o Brasil em 2035. Disponível em Portal Gov.br.

 

Referências

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Augusto, Acácio. Janot, Mariana. Mendonça, Thaiane. A proposta de Bolsonaro para uma nova lei orgânica das polícias. Le Monde Diplomatique, 15 de fe. de 2021. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-proposta-de-bolsonaro-para-uma-nova-lei-organica-das-policias/>

Barbosa, Lisa. Penido, Ana. Entre a cruz e a espada: quais as armas corretas para defender a Amazônia? São Paulo: Brasil de Fato, 25 de março de 2022. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/artigo-entre-a-cruz-e-a-espada-quais-as-armas-corretas-para-defender-a-amazonia>

Brasil. Plano Estratégico de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gabinete de Intervenção Federal, 2018.

Castro, Helena. A violência de gênero contra as populações indígenas: a outra face do desenvolvimento neoextrativista. São Paulo: ERIS, 03 de maio de 2022. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/violencia-de-genero-contra-as-populacoes-indigenas/>

Conectas. Brasil se mantém como 3º país com maior população carcerária do mundo. 18 de fev. de 2020. Disponível em: <https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/>

Couto e Silva, Golbery. Planejamento estratégico. Brasília: Editora UnB, 1981

Escobar, Herton. 15 universidades públicas produzem 60% da ciência brasileira. São Paulo: Jornal USP. 05 de set. 2019. Disponível em: <https://jornal.usp.br/universidade/politicas-cientificas/15-universidades-publicas-produzem-60-da-ciencia-brasileira/>

Lentz, R. República de Segurança Nacional. São Paulo: Expressão Popular, 2022.

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______. Pele alvo: a cor da violência policial. 2021. Disponível em: <http://observatorioseguranca.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/RELATORIO_REDE-DE-OBS_cor-da-violencia_dez21_final.pdf>

Sagres, Instituto. Projeto de Nação – Cenário Prospectivos Brasil 2035 – Cenário Foco – Objetivo, Diretrizes e Óbices. ISBN: 978-85-53117-02-4. Brasília, 2022.

Succi Jr., David. Gontijo, Raquel. Soares, Samuel (org). O futuro da universidade pública e da ciência no Brasil em 2040. São Paulo: Editora Unesp, 2022. Disponível em: <http://editoraunesp.com.br/catalogo/9786557140666,o-futuro-da-universidade-publica-e-da-ciencia-no-brasil-em-2040>

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Os Estados Unidos, as disputas por hegemonia global e a América Latina

Lívia Peres Milani* 

A invasão russa à Ucrânia insere-se em um contexto já existente e mais amplo de retomada das disputas entre grandes potências, o qual foi acelerado e intensificado pela guerra na Europa. Como pontuado por Héctor Saint-Pierre, há uma disputa por hegemonia, “um movimento nas camadas tectônicas mais profundas da segurança internacional, que é onde se expressam as estruturas estratégicas das grandes potências”. A disputa envolve Estados Unidos, China e Rússia e tem dimensões globais. Assim, ainda que seja mais intensa em áreas consideradas prioritárias por tais potências, como o Indo-Pacífico e a Eurásia, regiões periféricas, como África e América Latina, também são inseridas na mesma lógica de disputa. Este movimento pode ser constatado pela crescente percepção de ameaça russo-chinesa na América Latina por parte de diferentes atores estadunidenses, um movimento anterior à guerra, mas acelerado pela mesma.

Embora os militares estadunidenses já citassem de forma esparsa China e Rússia como desafios à hegemonia dos EUA na América Latina desde o governo Barack Obama, essa percepção se acentuou nos últimos anos. Durante o governo Trump, por exemplo, o Comando Sul – divisão das forças armadas dos Estados Unidos que autoatribui parte da América Latina como sua área de responsabilidade – destacava com preocupação a influência de atores estatais extracontinentais na região, caracterizando-os como atores malignos. Esta narrativa permaneceu na administração Biden, com a nomeação de Laura Richardson para a liderança da divisão militar. Já no contexto da guerra na Ucrânia, em documento entregue ao Congresso dos Estados Unidos para audiência pública em oito de março, Richardson afirmou que “nossa ameaça condicionante número um é a RPC [República Popular da China], nossas ameaças secundárias são a Rússia, TCO [Organizações Criminosas Transnacionais] e Irã”[1]. Essa retórica mais explícita e assertiva, que coloca a disputa entre grandes potências no centro da estratégia para a América Latina mostra uma intensificação do processo.

Importante pontuar que essa percepção de ameaça ocorre apesar de China e Rússia apresentarem mínima capacidade – ou mesmo interesse – em projeção de poder regional. Conforme a base de dados sobre transferência de armamentos mantida pelo Sipri, a transferência de sistemas de armas russos para a região foi relevante nos últimos anos, porém tem sido concentrada na Venezuela. Por outro lado, Brasil, Colômbia e México, por exemplo, seguem comprando armamentos especialmente de fornecedores estadunidenses e europeus. Já a China tem participação incipiente, ainda que crescente, na venda de armas para a região. Contudo, vale ressaltar que o país desponta como fornecedor de intercâmbios para os militares – de acordo com o Comando Sul. Os investimentos chineses em infraestrutura, especialmente na construção de portos e na região do Panamá, têm sido destacados pelos militares estadunidenses como um risco. O saldo que podemos extrair desses dados é que – militarmente – as presenças chinesa e russa na América Latina não se comparam com a influência estadunidense no entorno estratégico daquelas potências.

Não são apenas os militares, no entanto, que têm percebido China e Rússia como ameaças na América Latina. A narrativa é compartilhada por membros da administração e por congressistas estadunidenses. Em evento realizado pelo Inter-American Dialogue, ao ser perguntado sobre os efeitos da guerra e sobre a “interferência” russa na região, Brian Nichols, Secretário Assistente de Estado para o Hemisfério Ocidental, respondeu que a Rússia tem ameaçado aumentar a parceria com os países da região, com a possibilidade de desestabilizá-la ou ameaçar os EUA com armas estratégicas. Nichols também apontou que os desafios regionais refletem os desafios globais.

Em 2 de fevereiro de 2022, os Senadores Marco Rúbio (Republicano – Flórida) e Bob Menendez (Democrata – New Jersey) apresentaram um projeto de lei ao Congresso dos Estados Unidos que, se aprovado, demandará do governo federal a confecção de uma estratégia de segurança própria para a região. O projeto cita a influência “maligna e prejudicial” de China e Rússia como risco aos interesses nacionais dos Estados Unidos e propõe que os EUA devem aumentar as “parcerias” e promover “cooperação em segurança” com os países da região. O projeto também afirma que os EUA devem trabalhar com “agências de segurança e law enforcement [aplicação da lei]” da América Latina para fazer frente ao narcotráfico, ao crime organizado e apoiar o império da lei [rule of law], a democracia e os direitos humanos. Aponta ainda a necessidade de recursos adicionais para aumentar os investimentos e projetos dos EUA no Hemisfério Ocidental.

Alguns aspectos importam nesses movimentos, com consequências importantes para a América Latina. Em primeiro lugar, podemos citar que a tendência de securitização da presença russa e chinesa na região significa que há maiores constrangimentos sistêmicos para os países latino-americanos. Se, durante os anos 2000, no início da mudança sistêmica, a tendência à multipolaridade teve efeitos conjunturais aparentemente positivos e permitiu a diversificação de parcerias, atualmente, os Estados Unidos buscam minimizar esta possibilidade. Neste sentido, manter relações equilibradas e cordiais com as três potências mostra-se mais difícil para os países da região. 

Ademais, em sua estratégia de retomada da hegemonia regional, há dois atores que a potência hegemônica percebe como essenciais: as forças policiais e as forças armadas. Esta escolha pode conter um aumento da militarização da Política Externa dos EUA para a região, sendo que outros atores – como a diplomacia, ou a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) ficam em segundo plano. Os projetos com os militares e com policiais latino-americanos podem contribuir para o aumento do peso político interno desses atores, os quais, historicamente, tendem à intromissão na política. De forma semelhante, a conjunção de ameaças estatais e não-estatais apresentada no projeto de lei mostra que continua a não existir uma visão de separação entre as funções dos policiais e das forças armadas – o que significaria um contínuo apoio ao emprego dos militares internamente, mesmo que este seja historicamente associado à letalidade e a violações aos direitos humanos.

Por fim, em texto publicado sobre o tema, Adam Iscason alerta sobre o risco de que os Estados Unidos apoiem governos autoritários que se adequem a suas demandas de alinhamento geopolítico. Em alguma medida, isso já acontece. Cabe ressaltar o apoio concedido ao governo interino de Jeanine Añes, na Bolívia (2019-2020) – apesar da contestada forma como essa chegou ao poder – ou mesmo o convite feito ao governo brasileiro para participar da “Cúpula das Democracias” – apesar das falas nostálgicas e de apreço ao regime burocrático-autoritário emitidas pelo presidente brasileiro.

Em resumo, a guerra na Ucrânia é um desdobramento das crescentes rivalidades entre grandes potências, sendo que a abrangência deste elemento estrutural é global, atingindo todas as regiões, inclusive a América Latina. Na região, do ponto de vista da defesa, a posição de poder dos Estados Unidos ainda é muito superior, sendo que a projeção de seus competidores é mais limitada. Ainda assim, a potência hegemônica tem visto os avanços de seus competidores em outras áreas ou em situações específicas como problemas de segurança. Como consequências para a América Latina, destaca-se a maior dificuldade de colocar em prática uma posição equilibrada e de relacionamento não-excludente entre as potências, o reforço das tendências de militarização a partir de incentivos estadunidenses e um contexto internacional menos propício à manutenção da democracia.

[1] Luciana Wietchikoski e eu analisamos este documento e as formas como o Brasil poderia reagir a esse contexto de mudanças sistêmicas em texto publicado na coluna Diplomacia e Democracia do Uol.

* Lívia Peres Milani é pesquisadora de pós-doutorado em Relações Internacionais pelo Programa “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP), bolsista Capes-PrInt. Pesquisadora do Gedes e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu). Twitter @Livia_LPM. E-mail: livia.milani@unesp.br.

Imagem por: US Southern Command.

Entre a cruz e a espada: quais as armas corretas para defender a Amazônia?

Lisa Barbosa*

Ana Penido**

Texto publicado originalmente no Brasil de Fato.

 

“Cada qual que tenha a sua, qualquer arma, nem que seja
algo assim leve e inocente como este poema em que canta voz de povo — um simples canto de amor. Mas de amor armado”. Thiago de Mello

A passagem do poeta do coração do mundo, Thiago de Mello, nos provoca a revisitar o Sínodo da Amazônia, realizado pelo Vaticano em 2019, consequente com a proposta ecológica de Francisco presente da encíclica Laudato Si, de 2015.

Em muitos momentos da história brasileira, a Cruz e a Espada atuaram em conjunto na Amazônia, buscando a domesticação da natureza (humana, animal e vegetal) selvagem. A justificativa? Integrar a região, objeto da “cobiça internacional”, ao restante do Brasil.

De fato, é inegável a importância da Amazônia para o meio ambiental global, sendo não apenas a maior floresta tropical do mundo, mas também a maior bacia hidrográfica do planeta. O bioma ocupa cerca de 60% do território brasileiro e também se expande pelos territórios de outros oito países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Peru e Venezuela. Os povos que ali habitam são diversos, não apenas indígenas, mas também quilombolas, ribeirinhos, e tantos outros.

O Sínodo da Amazônia repensa a presença da igreja na região, onde estão interligados e em harmonia “água, território e natureza, vida comunitária e cultura, Deus e as várias forças espirituais”. Identifica também a crise socioambiental existente no local, e seus reflexos em outras regiões, dedicando  particular atenção à pobreza do amazônida como consequência da riqueza da terra, amplamente explorada (1). A ecologia proposta pelo Papa vê de forma integrada o clamor da terra e dos pobres.

Se a Cruz revê seu pensamento, o mesmo não ocorre com a Espada. A Amazônia, vista como um “vazio demográfico” e como uma fronteira de recursos naturais, ocupou um papel importante nas políticas desenvolvidas durante a ditadura militar, voltadas para a atração de novos ocupantes dedicados à exploração ambiental destinada ao mercado internacional.

Os povos indígenas foram tratados como “inimigos internos” do Estado, sentindo a “a mão amiga” do Exército, que levava assistência básica, mas também o “braço forte” repressor. O caso mais notável desse período, o garimpo na Serra Pelada coordenado pelo Major Curió, está eternizado pela lente fotográfica de Sebastião Salgado.

Com o final da Guerra Fria, e a crescente preocupação internacional com as mudanças climáticas, o interesse pela região se renovou. Os governos civis que sucederam os governos militares buscaram construir políticas mais sustentáveis, tanto do ponto de vista da floresta (controle das queimadas e desmatamento, criação de unidades de conservação ambiental), quanto dos povos tradicionais (homologação de Terras Indígenas).

Servir na fronteira Amazônica se tornou algo importante dentro da caserna, pois o ambiente “inóspito” era visto como depurador, de onde só saiam os melhores e mais resistentes. A onça, animal que representa a agilidade e a força para se movimentar na mata na cultura de diferentes povos indígenas, precisava ser acorrentada e domesticada, e se tornou símbolo dos quartéis.

A Amazônia como objeto de cobiça internacional voltou a ser propaganda ainda na campanha de Jair Bolsonaro. O discurso patriótico em defesa da soberania encobria propostas de retrocessos nas políticas de fiscalização e proteção do meio ambiente e das comunidades indígenas.

Depois de eleito, fica nítido em ações, não na retórica, que os mecanismos de regulação ambiental são vistos como um entrave para o desenvolvimento econômico do país. O resultado são os recordes históricos no número de queimadas e desmatamento, além de invasão de terras indígenas pelo garimpo (2).

Esse processo é coordenado pelo vice-presidente e general Hamilton Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia legal, e operacionalizado através de diversas operações de Garantia da Lei e da Ordem que ocorrem no local desde 2020, quando os militares ganharam a autorização para agir em áreas de fronteiras, terras indígenas e unidades de conservação a fim de combater os incêndios florestais e coibir crimes ambientais.

A operação que foi denominada Verde Brasil, assim como sua sucessora, a Verde Brasil II, viu os índices de desmatamento subirem durante sua vigência, junto com índices de contaminação pela covid-19 em diferentes comunidades (a região recebeu atenção internacional em razão da falta de oxigênio para pacientes e da ampla distribuição de cloroquina, medicamento ineficiente para o enfrentamento da doença fabricado nos laboratórios do Exército). Dessa maneira, as duas grandes crises na região – ambiental e de saúde – foram enfrentadas de forma militarizada, e perdidas por um comando eminentemente militar.

Recentemente, a Agência Pública revelou que o banco canadense Forbes & Manhattan (F&M) recorreu ao general-lobista Cláudio Barroso Magno Filho para “destravar” seus negócios de mineração na maior floresta do mundo.

Mais um filho da Minustah (Haiti), o general Magno Filho entrou no ramo de consultorias e venda de equipamentos para as forças armadas e empreiteiras ainda nos anos 2000, quando foi para a reserva. Desde 2019, o militar atua em prol do F&M no Brasil, que disputa licenciamentos ambientais para as mineradoras Belo Sun e Potássio do Brasil.

O plano é construir a maior mina de ouro a céu aberto do mundo na Volta Grande do Xingu, a mais de 800 km de Belém (PA). Caso consiga, a companhia canadense instalará em Senador Porfírio (PA) uma barragem de rejeitos maior que a da Vale, rompida em Mariana (MG).

Os projetos impactam assentados, indígenas e ribeirinhos no Amazonas e no Pará. O general parece forte candidato a novo Major Curió, e nisso será auxiliado pela carência de fertilizantes no mercado provocada pelo conflito entre a OTAN e a Rússia, que se desdobra no terreno da Ucrânia.

Daí ser necessário retomar o Sínodo, pensando sobre as reais ameaças presentes no território, e quais as armas adequadas para proteger o coração da terra. No Sínodo, a ameaça identificada é a exploração da “casa comum”, conectada à opressão dos amazônidas.

A atividade extrativa predatória é vista em conjunto com a criminalização (quando não assassinato) dos defensores da floresta, especialmente dos povos indígenas. A arma para enfrentar esse tipo de ameaça identificada é a própria população local, que deve ser apoiada com medidas nacionais e internacionais de transição na matriz produtiva global, particularmente na área energética.

A ameaça é sempre o Outro no imaginário militar. Externo às fronteiras brasileiras, toma a forma de ONGs internacionais, imigrantes venezuelanos, e até do Papa, que já declarou ser contra a internacionalização da Amazônia. Sim, o Sínodo foi visto pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e ex-comandante do Comando Maior da Amazônia, general Augusto Heleno, como uma ameaça à soberania nacional.

[O Sínodo] quer falar de terra indígena, quer falar de exploração, de plantação, quer falar de distribuição de terra. Isso são assuntos do Brasil”. O Outro madeireiras, o Outro mineradoras, o Outro agronegócio, também externos (mas em forte aliança com a burguesia interna brasileira), e também presentes na região, não é visto como Outro, e sim como Nós.

Artigo XIII

Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. (Thiago de Mello)

A Cruz se repensou. Há de chegar o tempo em que a Espada também será repensada.

 

(1) – Dossiê 14: Amazônia Brasileira, A Pobreza do Homem como resultado da Riqueza da Terra (thetricontinental.org)

(2) – De acordo com dados do Programa Queimadas divulgados pelo INPE, em 2019 foram registrados 89.176 focos de incêndio florestal na Amazônia Legal, um índice histórico e que registrou alta no ano seguinte (em 2020 foram registrados 103.161 focos de calor na Amazônia). Sobre as taxas de desmatamento, de acordo com os registros do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real (DETER), observa-se o crescimento de 85% no índice entre 2018 e 2019. Já de acordo com dados do Imazon, o desmatamento na Amazônia entre os anos de 2020 e 2021 foi o mais alto dos últimos dez anos.

* Lisa Barbosa é mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) e pesquisadora do Gedes.

** Ana Penido é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) e integrante do Gedes.

 

Imagem: Vista aérea de queimada na Amazônia.Por: Amazônia Real.

A carta dos generais franceses é parte de algo muito maior

Carolina Antunes Condé de Lima*

 

No dia 21 de abril, vinte e cinco generais da reserva francesa publicaram uma carta, assinada por outros mil militares, alertando o presidente Emmanuel Macron sobre a possibilidade e o limiar de uma guerra civil estourar na França. De acordo com os generais, as políticas frouxas de segurança pública do atual governo resultariam em caos, gerando a necessidade de intervenção dos militares na ativa, a fim de proteger aquilo que chamaram de “valores civilizacionais franceses”. 

Em sua carta, os generais apontam para o perigo da desintegração da integridade e da identidade francesas e os culpados por isso seriam os antirracistas, pessoas não brancas e, particularmente, o islã. A carta deslegitima os muçulmanos como cidadãos legítimos ou residentes da França e os trata como uma horda de estrangeiros cujas ideologias e práticas ameaçam a identidade natural da França. Na carta, os generais ainda afirmam que áreas ao redor de algumas cidades francesas foram transformadas em territórios sem lei pelos seus habitantes não-brancos, abalando as estruturas da república da França. No fim, para eles, a simples existência de minorias é uma ameaça à nação.

Como resposta, o governo e partidos de esquerda se manifestaram contra a carta, uma vez que o documento fere a ideia de controle civil sobre os militares, esperado em governos democráticos. A Ministra da Defesa, Florence Parly, falou em punir os signatários que ainda estão na ativa por descumprirem com a lei que requer que militares sejam politicamente neutros. Uma semana após a carta, o chefe do Estado-Maior, general François Lecointre, afirmou que os militares na ativa que assinaram a carta irão passar por um tribunal militar e receberão sanções.

O assunto que parecia resolvido, voltou às manchetes no dia 09 de maio, quando uma nova carta, dessa vez atribuída a militares franceses na ativa, veio a público, apontando para o que chamam de “concessões ao islamismo”, feitas pelo governo de Macron, reforçando o alerta de uma guerra civil. A nova manifestação é feita por homens e mulheres que dizem terem dado suas vidas em combate ao islamismo em intervenções mundo afora e agora assistem a concessões sendo feitas no próprio país. 

Manifestações como essa, não são novidade na França. A publicação da primeira carta aconteceu na data na qual se relembra a tentativa de golpe sofrida pelo então presidente Charles de Gaulle, conhecido como putsch de Argel, há sessenta anos. Na ocasião, um grupo de militares se uniu para depor o então presidente como forma de retaliação aos planos de reconhecer a independência da Argélia. Além da memória histórica, a carta foi publicada num contexto de preparação para a eleição presidencial, que acontece ano que vem e, portanto, de disputa pelo eleitorado francês, que entende a  luta contra o terrorismo e a segurança como pautas importantes. Em função disso, temas como imigração e a disseminação do chamado Islã Radical têm feito, cada vez mais, parte das agendas dos candidatos.

Esse novo ataque à política de Macron, e à comunidade muçulmana francesa, acontece num momento em que se assiste ao crescimento das intenções de voto para Marine Le Pen e de aumento da reprovação da atual administração. Le Pen, candidata da extrema-direita apontada como principal rival de Macron na eleição presidencial do próximo ano, se manifestou em apoio à carta dos generais, os convidou para fazer parte de sua campanha e os convocou para aquilo que chamou de ‘batalha pela França’. A manifestação de Le Pen gerou críticas dos governistas e, mais abertamente, da Ministra Parly, que afirmou que a politização do exército, tal qual defendido por Le Pen, enfraqueceria a própria França, uma vez que “os exércitos não estão lá para fazer campanha [política], mas para defender a França e os franceses”. A segunda carta também causou reações de repúdio do governo francês e recebeu o apoio de Le Pen. 

Dentro desse contexto de disputa pelo eleitorado francês, o atual presidente tem sido acusado de se aproximar cada vez mais da direita e estar se valendo de algumas pautas. Em outubro de 2020, Macron lançou seu projeto de lei para por fim ao que ele denominou de “separatismo islâmico”. A proposta de lei surgiu após ataques cometidos por radicais voltarem a acontecer no país, reacendendo os debates sobre islã, secularismo e islamofobia na França, lar da maior população muçulmana na Europa (são aproximadamente seis milhões de muçulmanos, que correspondem a quase 10% da população).

Ao mesmo tempo em que há uma hiper politização do Islã na França, acadêmicos e a comunidade são excluídos dos debates sobre a questão, inviabilizando maior conhecimento e aproximação real da comunidade e suas demandas e problemas, resultando numa dificuldade de entender a diversidade de opiniões entre os quase seis milhões de muçulmanos que moram no país. Uma das principais razões para isso é a instrumentalização do secularismo francês, ou seja, as ideias de laicidade e secularismo são usadas como justificativa para não se engajar nem reconhecer a diversidade religiosa do país. Outra razão se deve ao passado colonial e orientalista, que criou e perpetuou a ideia de que muçulmanos são um bloco único e homogêneo.

Outra frente da lei de Macron contra o separatismo islâmico foi a imposição do não uso do veú por mulheres muçulmanas. Em 2004, o governo aprovou a primeira lei que proibiu o uso de coberturas religiosas em escolas e espaços públicos, em 2011 foi proibido o uso de vestimentas que cobrem toda a face em locais públicos, e em 2016 o governo proibiu o uso de burkinis, lei que depois foi suspensa. Agora, o governo pretende proibir mulheres que estejam acompanhando seus filhos em atividades escolares e meninas menores de 18 anos a usarem o véu. 

Todas essas medidas são parte da assim chamada “batalha cultural” contra o “esquerdismo islâmico”, uma suposta aliança entre acadêmicos assumidamente de esquerda e indivíduos das comunidades islâmicas. Essa imposição sobre o que mulheres muçulmanas podem ou não usar remete ao recente passado colonial francês, que reverbera em sua sociedade. Quando da invasão francesa ao Norte da África (1830-1975), também foi imposto às mulheres que deixassem de usar os véus, além das diversas imposições contra símbolos e práticas religiosas. A ideia de resgatar mulheres muçulmanas sempre foi parte integral do imperialismo francês e foi usado como justificativa e, consequentemente, apagamento, das violências cometidas nos territórios invadidos: estima-se que os franceses tenham matado 825.000 pessoas durante a ocupação da Argélia, além dos estupros cometidos contra as mulheres da região. O debate sobre o véu, portanto, é parte de algo muito maior: é apenas um elemento da atual batalha do governo francês contra ideais de equidade de gênero, raça e teorias pós-coloniais, que têm sido colocadas como ameaças à estabilidade e identidade nacional francesa.

Ainda que seja cedo para apontar as consequências da carta e do apoio oferecido aos militares por Le Pen, a situação tem se desdobrado de forma preocupante. No dia 30 de abril foi publicada uma pesquisa na qual 58% dos entrevistados concordam com o que dizem os militares e 49% afirmou que apoiaria uma intervenção militar na França. Isso não significa que a França irá sofrer um golpe de Estado, mas pode ser um indicativo do que a eleição presidencial aponta para o ano que vem. 

Quando olhada sem contextualização, a carta dos vinte e cinco generais, prontamente respondida e rechaçada pelo governo Macron, perde sua força justamente pela resposta e pela punição aos seus signatários. Porém, a carta mais recente dos militares na ativa e os números de intenções de votos a favor de Le Pen, demonstram que há algo muito maior acontecendo na França. Enquanto a guinada de Macron à direita já é perceptível em uma França na qual a esquerda tem sido, cada vez mais, marginalizada, as eleições do ano que vem podem levar o país numa guinada para a extrema-direita.

 

*Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e Membro do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais (GECI).

Imagem: Emmanuel Macron. Por: https://www.president.gov.ua/.

Depois do Plano Colômbia: as novas relações EUA-Colômbia na área de segurança*

João Estevam dos Santos Filho**

 

Entre 2000 e 2016, os governos da Colômbia e dos Estados Unidos (EUA) mantiveram relações próximas na área de segurança, baseadas principalmente na execução do Plano Colômbia. Este foi um pacote de assistência norte-americana para a Colômbia proposto pela administração de Andrés Pastrana (1998-2002), inicialmente voltado para o desenvolvimento do país andino. Após as negociações entre os dois países em 1999, o programa entrou em vigor formalmente em 2000, mas passou a executado de fato a partir de 2001 (ROJAS, 2015).

Apesar de a proposta colombiana ter se focado na assistência ao desenvolvimento econômico e social do país, prevaleceu a norte-americana, cuja ênfase recaía sobre o combate às drogas no país. Segundo os argumentos do governo dos EUA, o enfraquecimento do narcotráfico na Colômbia levaria a um declínio dos grupos armados atuantes no país (PIZARRO; GAITÁN, 2006). Isso porque desde meados da década de 1990, as duas principais guerrilhas colombianas – as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e o Exército de Libertação Nacional (ELN) – começaram a fortalecer-se por meio de recursos vindos do narcotráfico (PÉCAUT, 2010).

Tendo contribuído para a modernização das Forças Armadas da Colômbia e para o enfraquecimento das guerrilhas – apesar de não ter sido eficaz no combate ao narcotráfico –, o Plano Colômbia foi encerrado em 2016, sendo substituído pelo plano Paz Colômbia, uma iniciativa norte-americana voltada para o apoio à implementação do acordo de paz assinado entre o governo de Juan Manuel Santos (2010-2018) e as FARC, em Havana. Apesar do fim desse que foi o principal programa de assistência de segurança na história das relações entre os dois países, isso não significou um distanciamento.

Nesta nova etapa, o que se vê, por um lado, é um foco nos aspectos qualitativos da assistência de segurança: treinamento e influência doutrinária das instituições norte-americanas sobre as Forças Armadas colombianas. Por outro lado, há uma tendência à desmilitarização da ajuda estadunidense. Apesar de o número de militares colombianos treinados por técnicos dos EUA não ter sido tão grande quanto no período que vai de 2001 a 2007, continuou em um patamar relativamente alto para a região, variando entre aproximadamente 4.000 e 2.000 militares.

Além disso, as Forças Armadas norte-americanas treinaram unidades colombianas importantes para o período pós-acordo, como a Escola de Missões Internacionais e Ação Integral, responsável pelo ensino de efetivos empregados em ações de auxílio a projetos de desenvolvimento socioeconômico (MOYAR; PAGAN; GRIEGO, 2014). Outro ponto importante é o apoio do Comando Sul dos EUA para que militares colombianos treinem forças de segurança de outros países a partir do modelo adotado durante a vigência do Plano Colômbia. O programa encarregado disso é o Plano de Ação EUA-Colômbia sobre Cooperação em Segurança Regional, assinado em 2012, tendo sido treinados 16.997 integrantes das forças de segurança de países da América Central e do Caribe entre 2013 e 2017 (TICKNER; MORALES, 2015).

Em relação à influência doutrinária dos EUA, esta pode ser vista a partir da presença de militares norte-americanos nos comitês das Forças Armadas colombianas encarregados da formulação da nova doutrina colombiana no período pós-acordo, chamada de Doutrina Damasco. Nesse sentido, técnicos do Exército dos EUA participaram do Comitê Estratégico de Desenho do Exército do Futuro, enquanto o Comando Sul auxiliou o Centro de Doutrina do Exército da Colômbia na elaboração do novo modelo doutrinário. Além disso, o principal conceito operacional dessa doutrina foi baseada em um dos manuais de campo do Exército norte-americano (ROJAS, 2017).

Por outro lado, as novas relações bilaterais passaram a ser menos baseada na assistência militar, voltando-se para a promoção de projetos de desenvolvimento socioeconômico em áreas antes dominadas pelas guerrilhas. Apesar de ter se iniciado no final do governo Bush (2001-2009), esse fato se consolidou com o governo Obama, através de iniciativas ligadas ao Departamento de Estado. Esse foi o caso do próprio plano Paz Colômbia, da Iniciativa de Desenvolvimento Estratégico da Colômbia (CSDI), com forte presença da Embaixada dos EUA na Colômbia e da Estratégia de Cooperação para o Desenvolvimento do País, executado pela USAID. Todos esses programas, embora com valores mais baixos que o Plano Colômbia, demonstram uma grande diferença com relação ao período de 1998 a 2010.

Portanto, apesar de as relações entre EUA e Colômbia terem passado por uma transformação que incluiu o fim do Plano Colômbia e a diminuição da assistência militarizada, o que se viu foi a continuação de uma relação próxima entre os dois países na área de segurança, sendo possível afirmar que a dependência do país sul-americano para com os EUA continua, por outras formas, adaptada ao contexto doméstico de ambos os países e à nova conjuntura internacional.

 

*  Esse texto é baseado no artigo intitulado “Relações militares entre Estados Unidos e Colômbia: do Plano Colômbia ao Acordo de Paz (2000-2018)”, publicado pela Meridiano 47.

** Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e Pesquisador Associado do Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Estratégia (ISAPE).

Imagem por: Southcom media.

 

Referências bibliográficas

BEITTEL, June S.. Colombia: Background and U.S. relations. Washington, D.C: Serviço de Pesquisa do Congresso, 2019.

MOYAR, Mark; PAGAN, Hector; GRIEGO, Will.. Persistent Engagement in Colombia. Florida: JSOU Press, 2014.

PIZARRO, Eduardo; GAITÁN, Pilar. Plan Colombia and the Andean Regional Initiative: lights and shadows. In: LOVEMAN, Brian (Ed.). Addicted to failure: U.S. security policy in Latin America and the Andean region. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. p. 53-79.

PIZARRO, Eduardo; GAITÁN, Pilar. Plan Colombia and the Andean Regional Initiative: lights and shadows. In: LOVEMAN, Brian (Ed.). Addicted to failure: U.S. security policy in Latin America and the Andean region. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. p. 53-79.

ROJAS Guevara, Pedro Javier. Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Revista Científica General José María Córdova, v. 15, n. 19, p.95-119, 2017. Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

ROJAS, Diana Marcela. El Plan Colombia: la intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano (1998-2012). Bogotá: IEPRI, 2015.

TICKNER, Arlene B.; MORALES, Mateo. Cooperación dependiente asociada: Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos. Colombia Internacional, Bogotá, v. 1, n. 85, p.171-205, 2015.